Los políticos como problema

ALBERTO TORGA
Y LLAMEDO La clase política en general y los partidos políticos en particular son ya el tercer problema que más preocupa a los españoles, según la lista que elabora mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -dependiente de la Presidencia del Gobierno- hecha pública el pasado 22 de diciembre.

En lo alto de la tabla de los problemas que preocupan a la gente vuelve a estar el paro para el 78,4 por ciento, seguido de la situación económica para un 45,9 por ciento, como ocurre ininterrumpidamente desde septiembre de 2008.

Que el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos de este país sean los políticos tiene que levantar ampollas en todos los que hemos luchado, dentro y fuera de España, por la implantación de la democracia en nuestro país.

Esto no significa que añoremos la larga noche del franquismo -pues seguimos pensando que la democracia continúa siendo la fórmula de gobierno menos mala-, sino que pedimos que el dinero de todos los españoles sea administrado con honestidad y transparencia.

Y no me refiero únicamente a los casos de los alcaldes chorizos de Marbella -Jesús Gil, Julián Muñoz, Marisol Yagüe- que, de la mano de Juan Antonio Roca como asesor municipal de urbanismo, se dedicaron a saquear ese municipio de la Costa del Sol, ni a los implicados en el «caso Gürtel» o en otras tramas que se han ido destapando en España y en las que se vieron enlodados los dos grandes partidos, PSOE y PP, y otros minoritarios.

Recientemente, un amigo me ha enviado un correo en el que resume un libro publicado por Daniel Montero Bejarano, titulado «La casta: el increíble chollo de los políticos», del que entresaco los siguientes datos, referidos principalmente a los diputados al Parlamento nacional.

Los diputados al Congreso cobran un mínimo de 3.126 euros netos como «sueldo base», que se incrementan en función de diversos factores, como formar parte de la Mesa de la Cámara o de alguna comisión o que sean portavoces de grupos parlamentarios en las comisiones. Además, los que no viven en Madrid perciben 1.823 euros mensuales para gastos de manutención y alojamiento, mientras que los que son vecinos de la capital reciben 870 para gastos, libres de impuestos. Unos y otros pueden utilizar a su antojo, con cargo a las arcas del Estado, aviones, trenes o barcos para sus desplazamientos. Además, los que no disponen de coche propio en Madrid reciben una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales. Y todos ellos, si salen al extranjero, cobran una dieta de 150 euros por día, mientras que si viajan por España la dieta es de 120 euros diarios.

Pese a estos suculentos emolumentos, sólo el 33% de los diputados al Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto participa en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias que engordan sus cuentas.

En cuanto a los ex ministros, mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales: más de seis veces superior a la pensión media española que es de unos 9.000 euros. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputados: José Antonio Alonso, Mariano Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.

A propósito de este último -que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales-, redondea su sueldo base de diputado (3.126 euros) con los complementos de vocal de la Diputación Permanente y de presidente de una comisión, hasta alcanzar los 6.319 euros mensuales. Cuando era ministro elevó el salario mínimo a 600 euros mensuales; cuatro años más tarde, su sueldo al mes como diputado es algo más de diez veces superior a esa cifra, por no abrir la boca: no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Además, como ex ministro percibe, como dije antes, otros 58.000 euros al año.

Manuel Chaves -vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial desde abril de 2009- cobra 127.155 euros al año: 81.155 por ser ministro y 46.000 como indemnización por abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía, cargo que ejerció durante 19 años.

Dos sueldos del Estado son compatibles únicamente para los altos cargos; para los demás españoles está prohibido por ley.

José Bono, presidente del Congreso, percibe mensualmente 13.856 euros: 3.126 como sueldo base de diputado, 3.605 como complementos, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición; estas dos últimas partidas, para comidas, regalos y actos de protocolo.

José Luis Rodríguez Zapatero es el único presidente de un Gobierno de la Unión Europea que carga sus vacaciones a las arcas públicas: con él van más de cien personas (escoltas, asesores) que cobran una media de 80 euros al día, lo que supone 8.000 euros por jornada; si pasa tres semanas en Lanzarote, le cuesta al Estado 168.000 euros en dietas. A esto hay que sumar aviones, desplazamientos en otros medios, manutención? al final, 200.000 euros. Caso aparte fue su viaje oficial a EE UU de Norteamérica, en el que se hizo acompañar de su esposa y de sus hijas adolescentes, en pleno curso escolar.

Y todo esto ocurre cuando acaba de hacerse público que el número oficial de personas sin trabajo en España a finales de diciembre alcanza la cifra de casi cuatro millones (3.923.603 para ser más exactos).