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A las cosas por su nombre

La muerte de mujeres a manos de sus parejas nos despierta del espejismo de una igualdad jurídica pero ficticia

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A las cosas por su nombre
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ALICIA ÁLVAREZ Yo soy feminista. Y lo soy porque en conciencia no puedo ser otra cosa. Y no lo puedo ser porque yo, como mujer, exijo tener iguales derechos a los del hombre. Por eso, sencillamente por eso, soy feminista. Porque no se trata sólo de un deseo, de un anhelo o de una aspiración, sino de una exigencia: la igualdad efectiva. Y como no hay razón, ni argumento, ni ciencia, ni creencia que justifique ni demuestre mi inferioridad ni la de mi género respecto al género masculino, por eso, sencillamente por eso, exijo tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen y disfrutan los varones. Así de sencillo.

Y supongo que por eso, porque siempre me ha parecido de lo más simple y cristalino, nunca he logrado entender por qué algunos sienten esta afirmación como una amenaza. Por qué algunos hombres y mujeres se apresuran a decir que ellos creen en la igualdad pero que no son feministas. Por qué para algunos y algunas es un término peyorativo. Y la verdad, tras muchas vueltas, la única explicación lógica que encuentro (aparte de los miedos internos que cada uno pueda albergar en su corazoncito, o de oscuras ideologías que ya pensábamos desterradas) es que, al tratarse de términos parecidos, muchas de esas personas crean que el feminismo es la versión femenina del machismo. Es decir, que el feminismo, definido por la RAE como doctrina social o movimiento «que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres», no es tal, sino justo lo contrario al machismo, que es la «actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres». Así, su definición popular queda (para alegría de algunos sectores) erróneamente reducida a la supremacía de la mujer sobre el hombre, de ahí que muchos se apresuren a decir que no son «ni lo uno ni lo otro», que vendría a ser algo así como afirmar que uno no es racista ni antirracista, o demócrata ni antidemócrata.

Por eso, y ya que ahora hay tanta preocupación en llamar a las cosas por su nombre, me parece interesante poner el acento en esta confusión a fin de que el debate terminológico que algunos quieren abrir en torno a la ley integral contra la Violencia de Género, a la que quieren rebautizar «ley contra la violencia doméstica», sea justo y trasparente, no vaya a ser que estemos hablando de cosas distintas. Y debemos de estar haciéndolo, porque algunos afirman que esta ley provoca una discriminación que favorece injustamente a las mujeres y «estigmatiza» a los hombres por el mero hecho de ser hombres. Pero sobre todo, y en último término, están cuestionando la idoneidad de una ley específica. «Muchos jueces y profesionales del derecho y la psicología estamos manifestando la necesidad de quitar el apelativo de género a la violencia doméstica», declaró el juez Campo, titular del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón a este diario el 4 de enero antes de añadir que «creí que habíamos superado la distinción entre sexos hace muchos años y que en la actualidad vivíamos en una sociedad en la que se hablaba de personas y no de hombres ni de mujeres, pero veo que no es así». Y no lo es.

Y es que, aunque es muy posible que esta ley sea mejorable, no creo que sus carencias puedan servir como argumento para cuestionar la necesidad de una legislación específica contra la violencia de género. Se necesita. Porque 54 mujeres han sido asesinadas este año a manos de sus parejas o ex parejas. Y no han muerto de forma violenta porque no hayan sabido dialogar, porque su relación se haya degradado con el paso del tiempo, ni porque no existan mecanismos de prevención. Murieron por ser mujeres, porque su sexo a ojos de sus asesinos les confería una condición inferior, y eso les daba derecho al maltrato e incluso a la muerte.

Y sí, eso sucede en una sociedad en la que las mujeres trabajan fuera del hogar, tienen negocios, ingresos propios, estudios universitarios, puestos directivos y, las que lo consiguen conciliar a base de mucho esfuerzo, también vida familiar. Y da igual, porque la realidad -así lo atestiguan estudios e informes- es que cobramos menos, trabajamos fuera y dentro del hogar, los hombres más concienciados nos «ayudan» en las tareas domésticas y nos damos de bruces con los techos de cristal. Que nadie se escandalice, pero la igualdad no es efectiva. Que una se pueda divorciar, ponerse minifalda o jugar al fútbol no quiere decir que gocemos de las mismas oportunidades que los varones; son sólo migajas. Y las muertes de esas mujeres son precisamente el hecho que nos devuelve a la realidad, que nos despierta del espejismo de esta igualdad jurídica pero ficticia. Que nos recuerdan que el camino, ni mucho menos, está hecho. Una mujer lo tiene más difícil por ser mujer, y quienes lo niegan o lo hacen interesadamente o sólo piensan en clave individual. Que una nunca haya sido objeto de discriminación no significa que la discriminación no exista. Por eso es necesario tener conciencia de la realidad. Por eso es necesaria una ley que la contemple. Porque sin ella no podremos cambiarla.

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