R. GARCÍA
El primer juicio que se celebra en Asturias contra un banco acusado de una supuesta estafa asociada a productos financieros de alto riesgo quedó ayer visto para sentencia. El magistrado del Juzgado de primera instancia número 6 de Gijón escuchó a lo largo de la mañana el testimonio de uno de los perjudicados por esta práctica, al que el banco le pedía 50.000 euros por cancelar un seguro que él creía gratuito. Los afectados por los denominados «clips» calculan que en total en Asturias hay más de 50 personas que ya han demandado a sus respectivas entidades bancarias por llevar a cabo prácticas de este tipo.
El demandante de este primer juicio es un empresario asturiano de la construcción. Un banco se puso en contacto con él en el año 2008 para ofrecerle una línea de crédito de 100.000 euros. El empresario aceptó entonces «porque la operación no tenía gastos y podía tener el dinero ahí disponible por si lo necesitaba algún día, aunque no llegué a tocarlo nunca». Poco después una empleada de la entidad bancaria se puso en contacto con él para ofrecerle, según ella misma dijo en la vista oral del juicio, un derivado financiero con el que «cubrir las posibles subidas del euribor» y como «instrumento para estabilizar los costes financieros de la empresa». Esto es, un seguro de protección frente a subidas de tipos. El trato era sencillo: si el índice subía, el cliente ganaba dinero; pero el ahora demandante asegura que nadie del banco le dijo qué pasaría si el índice bajaba. Cuando pretendió cancelar el crédito -que no necesitaba- y el producto financiero asociado, la entidad bancaria le exigió el pago de 50.000 euros.
«No me lo cancelaron en el momento; hasta que no fui al banco no hicieron nada y encima luego me dieron la sorpresa», aseguró ayer ante el juez el afectado. Por su parte, la responsable de la entidad bancaria demandada asegura que «le dimos toda la información. Lo que le cobramos es lo que al banco le cuesta deshacer la cobertura de ese seguro que contrató, por subidas de euribor», puntualizó la empleada bancaria.
Cuatro tribunales del país han dado la razón a otros tantos afectados por estos productos financieros, según fuentes jurídicas consultadas. En todos los casos las entidades bancarias fueron condenadas por malas prácticas. Los afectados han decidido unirse en asociaciones para defender sus derechos.
