M. C.
La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes señaló ayer, a través de un comunicado, que «el gobierno municipal obstruye el paso de la Justicia» en el pleito contencioso-administrativo que la plataforma ha interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para pedir que declare nulo el plan parcial de Cabueñes. Este proceso contencioso se está desarrollando de manera paralela a la investigación penal en la que está imputado el ex arquitecto municipal Ovidio Blanco, que obtuvo una plusvalía de 600.000 euros con la compraventa de una parcela en Cabueñes, incluida en ese plan parcial.
¿En qué basa la plataforma vecinal su acusación de obstruccionismo al gobierno local de Paz Fernández Felgueroso? En que el Ayuntamiento remitió al TSJA de una manera incorrecta el expediente administrativo del plan parcial, cuando el tribunal se lo solicitó el pasado 17 de noviembre. Ahora el TSJA ha vuelto a requerir al Ayuntamiento para que «despache correctamente el expediente».
El Tribunal Superior remitió esta segunda petición al Ayuntamiento el pasado lunes.
El problema que ha detectado el TSJA es que el Ayuntamiento no había notificado a los posibles interesados en el proceso contencioso-administrativo que éste se había iniciado. La legislación obliga a que una administración comunique a todas las personas que pueden verse afectadas por el resultado de un contencioso, el inicio del mismo, para darles la posibilidad de que se personen como parte en el juzgado.
¿Quiénes son los interesados en el proceso iniciado por la plataforma de Cabueñes para declarar nulo el plan parcial de la parroquia? Desde los promotores que adquirieron los terrenos y los que se los vendieron en base a la edificación autorizada para la zona, hasta los vecinos de la parroquia y los colectivos vecinales, según explican fuentes de la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes.
Según este planteamiento, el Ayuntamiento de Gijón debería de haber notificado la admisión a trámite del contencioso-administrativo a los promotores del plan parcial, entre ellos Reyal Urbis, Loma-Barajas, Promociones Moro y Beyos y Ponga, además del propio Ayuntamiento. Pero también a los que vendieron terrenos, como son el propio Ovidio Blanco y la empresa Hoyant, dado que los promotores les podrían reclamar, en el caso de que se anulara el plan parcial. Las asociaciones vecinales y todos los vecinos de la parroquia, a nivel individual, también podrían tener intereses legítimos para personarse en la causa, consideran las mismas fuentes.
El Ayuntamiento no realizó esas notificaciones o al menos no remitió el justificante de haberlas efectuado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ahora le reclama que efectúe ese trámite. Por el camino se han perdido dos meses, entre la primera petición del expediente, de noviembre, y la actual.
El proceder del gobierno local al respecto lleva a la Plataforma de Cabueñes a asegurar que «el Ayuntamiento demuestra en principio, una vez más, la ineficaz y chapucera gestión de lo público en urbanismo, su falta de rigor, su nula transparencia y un escaso interés por atender a la justicia y a los ciudadanos. Pero, además, podrían interpretarse estos episodios como una forma interesada de obstaculizar un proceso abierto, a sabiendas de la ilegalidad y nulidad de este plan parcial».
El contencioso:
29-7-2009
La plataforma solicita al gobierno local que revise de oficio el plan parcial de Cabueñes.
2-9-2009
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento no admite a trámite la petición y la desestima.
29-10-2009
La plataforma interpone un contencioso-administrativo.
17-11-2009
El TSJA lo admite a trámite y pide al Ayuntamiento que remita el expediente.
18-01-2010
El TSJA vuelve a requerir al Ayuntamiento para que despache correctamente el expediente.