M. C.
El Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente trataron de quitarse de encima la patata caliente de tener que controlar el cumplimiento de la normativa medioambiental de la mayor industria de Gijón. Al menos eso se deduce de los informes que ambas administraciones remitieron a la Procuradora General del Principado y de la resolución adoptada por ésta, en la que queda constancia de que la factoría de Arcelor está operando sin licencia de actividad municipal y sin cumplir la Autorización Ambiental Integrada (Arcelor la ha recurrido en un contencioso-administrativo).
Ante las preguntas de la Procuradora, la Consejería de Medio Ambiente señaló que para conceder una autorización ambiental la empresa tiene que contar con licencia de actividad municipal y que «corresponde al Ayuntamiento la vigilancia de que se cumplan las medidas correctoras» impuestas por la Consejería.
Ante esta contestación, era obvio que la defensora ciudadana iba a preguntar al respecto al Ayuntamiento de Gijón. Respuesta: «Las competencias para realizar las inspecciones no son del Ayuntamiento, sino de la Comunidad Autónoma», ya que el Ayuntamiento sólo puede dar licencia de apertura una vez que Arcelor-Mittal cuente con la Autorización Ambiental Integrada, que requiere «la conformidad de las inspecciones realizadas por la comunidad autónoma en las instalaciones».
Respecto a la polución atmosférica, la Consejería de Medio Ambiente desvió la responsabilidad de su control hacia otras administraciones, sin citarlas, al asegurar que la polución por chimenea en la mayor área industrial de Gijón no es significativa pero que sí pueden existir «emisiones difusas» por los movimientos de «material pulvurento» y tráfico de vehículos pesados en las factorías y «la competencia por emisiones de vehículos no es de la comunidad autónoma». El Principado también desvió responsabilidades en el control de la polución hacia el Estado respecto a las emisiones que se producen en el puerto de El Musel, de las que también se quejaron los vecinos.