M. CASTRO

Después de ocho años aguantando a la entrada de sus casas niveles de ruido nocturno hasta 76 decibelios (equivalente al que produce una motocicleta o la música a volumen estridente), los vecinos de la parroquia de Veriña han logrado el primer triunfo en su batalla para que Arcelor-Mittal aplique medidas correctoras al elevado ruido que produce el sínter B (que prepara mineral para los hornos altos) de su factoría. La Procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, acaba de dar un toque de atención al Principado y al Ayuntamiento de Gijón por su permisividad ante el reiterado incumplimiento de la normativa de ruidos por parte de Arcelor, y recomienda a ambas administraciones que sancionen a la empresa si no soluciona el problema.

La multinacional prefiere no hacer comentarios al respecto, si bien ha solicitado al Principado que le permita demorar hasta 2012 la ejecución de las medidas correctoras, a lo que el Principado, sobre el papel, se ha opuesto.

El problema se remonta a ocho años atrás, cuando Arcelor decidió trasladar de Avilés a Veriña el sínter B, que genera un nivel de ruido sensiblemente mayor que el otro sínter que ya había en la fábrica. En 2004 los vecinos pidieron a la Policía Municipal que efectuara las primeras mediciones de ruido. El límite en horario nocturno era de 45 decibelios en el exterior de las viviendas. El Ayuntamiento no sancionó a la empresa por el exceso de ruido. Mientras tanto, la Consejería de Medio Ambiente del Principado fue dando sucesivas prórrogas a la multinacional para que tomara medidas para adaptarse a los límites de contaminación acústica.

En el escrito, fechado el pasado 29 de diciembre, en el que la Procuradora General hace sus recomendaciones al Principado y al Ayuntamiento, se señala que «los vecinos de la zona no pueden resultar doblemente afectados, por un lado, por el incumplimiento de las emisiones sonoras por parte de la empresa, y por el otro, por la inactividad municipal en su control y sanción, sin perjuicio de la intervención en esta cuestión de la Administración autonómica por lo que respecta a la concesión de la Autorización Ambiental Integrada y el control de la misma».

Para adoptar esta resolución la Procuradora General tuvo que sortear los obstáculos que le puso la propia Administración. María Antonia Fernández Felgueroso deja constancia en la propia resolución de que tuvo que «reiterar en varias ocasiones» la petición de información a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento.

La Procuradora constata que «se está produciendo una infracción del ordenamiento jurídico, pues tanto la situación pasada como la actual nos conduce a un incumplimiento de los niveles sonoros máximos permitidos, sin que la Administración haya dado cuenta de las medidas adoptadas para corregir o sancionar tal situación», por eso pide al Principado y al Ayuntamiento que hagan inspecciones y que inicien los «procedimientos sancionadores» si la multinacional no solventa el problema.