Lo que Susana Iglesias creyó que era una broma ha acabado por convertirse en su pesadilla. Tras muchas idas y venidas al banco para advertir que no podía pagar tal cantidad por cancelar «un producto que yo no había pedido; ellos me lo habían ofrecido como si no tuviera ningún riesgo», la joven empresaria se vio en un callejón sin salida. «Estaba angustiada pensando en mi familia; me agobiaba pensar que había sido una inconsciente y que en un momento como éste, donde la construcción está mal, además yo les metía en un lío mayor», explica. Le llegó un embargo, el nombre de su empresa se incluyó en el Asnef (el registro de morosos que consultan todas las entidades crediticias), le retuvieron 3.000 euros que le ingresó un cliente, y sus problemas iban en aumento. «Me sentía impotente y engañada. Los que vivimos de las pequeñas y medianas empresas vamos siempre a lo seguro porque si caes, caen contigo tus hermanos, tus padres... Nunca hubiera firmado en un producto que fuera un riesgo», argumenta Iglesias.
Una búsqueda en internet le abrió los ojos de que su caso no era el único y había más afectados en España dando la voz de alerta sobre lo que ocurría con algunos productos bancarios, y en concreto con el «contrato de gestión de riesgos financieros», como así se denomina el que ella firmó con Bankinter. «Sé de gente que debe 50.000, o 120.000 euros. Estamos muy ilusionados con la sentencia del juez de Gijón y sólo esperamos que haya más jueces que vean la desprotección en la que estábamos», sostiene. Susana Iglesias sólo lamenta que todo el proceso sea tan lento. «En mayo presenté la demanda. El martes tenía la vista previa pero el abogado de Bankinter faltó, supuestamente por enfermedad. Ahora la vista no será hasta el 6 de abril. Es mucho tiempo de calvario».