Miriam SUÁREZ
La Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias ha concluido que todos los accesos barajados para conectar la futura Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) con la red viaria de alta capacidad son asumibles. Conclusión a la que se llega después de analizar 124 alegaciones y un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado advirtiendo de que el desarrollo de las distintas alternativas «va a influir de forma determinante sobre la Autovía del Cantábrico (A-8), en el tramo que va desde el viaducto de Somonte al enlace de El Montico».
Este organismo perteneciente al Ministerio de Fomento asegura, de hecho, que no resolverá a favor del estudio de alternativas hasta que «se justifique técnicamente la viabilidad» del corredor previsto entre la ZALIA y la AS-II (antigua carretera a Oviedo, ahora convertida en Autovía de la Industria). Pide también que se considere la posibilidad de «liberar los terrenos afectados de la plataforma de la A-8», alejando el trazado de los accesos que comunicarán la zona logística con El Montico y el polígono de La Peñona.
Dado que la A-8 es de competencia estatal, cualquier posible afección requiere la autorización del Ministerio de Fomento. Si ya se ha aprobado la declaración de impacto ambiental de las distintas alternativas, independientemente de las objeciones formuladas por la Demarcación de Carreteras, es porque «no se hace ningún tipo de observación de carácter medioambiental», según explica el Principado, y «los aspectos técnicos serán objeto de un estudio más concreto en el proyecto de construcción».
El «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) publicaba ayer el documento que otorga viabilidad ambiental a una actuación que pondrá en servicio tres nuevos tramos de autovía. Estos tres ramales, que suman 12 kilómetros, conectarán los cuatro millones de metros cuadrados de la zona logística con la Autovía del Cantábrico, la autopista «Y», el puerto de El Musel, los polígonos de Tremañes y el área industrial del centro de Asturias. Según el BOPA, la ejecución del proyecto deberá iniciarse en un plazo máximo de cinco años. De no ser así, la declaración de impacto «perderá eficacia». Los trabajos de la primera fase de la ZALIA, localizada en San Andrés de los Tacones, empezarán este año.
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