R. VALLE
Tras años de debate sobre la necesidad de cambiar la ordenanza que regula la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública y meses de contactos con todos los colectivos sociales afectados, el borrador final de la nueva ordenanza llegaba ayer a la mesa de la Junta de Gobierno para iniciar el último tramo de su camino hacia el Pleno. Sin embargo, el equipo de gobierno no ha sido ajeno a la complejidad de esta ordenanza. Tras dedicar gran parte de la reunión de ayer a analizar el documento en profundidad, los munícipes optaron por intentar matizar aún más el texto. La intención final es dar el visto bueno al documento en la sesión de la próxima semana. Se cumpliría así el compromiso del edil José María Pérez, que puso este mes de febrero como fecha para la aprobación de la ordenanza de terrazas por la Junta de Gobierno.
Uno de los problemas es ajustar la ordenanza municipal a la nueva normativa estatal en materia de accesibilidad minimizando lo más posible los daños económicos a los empresarios de la hostelería, más aún en estos tiempos de crisis económica. Y es que la nueva normativa sobre accesibilidad impone una separación de 1,5 metros entre la fachada del edificio donde está el local hostelero y la terraza que se instale. Justo al contrario de lo que impone la ordenanza en vigor que establece que mesas y sillas se colocan adosadas a la fachada del establecimiento.
Pero la imposición de esta separación haría inviable la instalación de terrazas hosteleras en muchas aceras de la ciudad con el consiguiente perjuicio para los hosteleros, que han convertido el gusto de los gijoneses por consumir al aire libre en una de sus importantes fuentes de ingresos. Sólo áreas peatonales o semipeatonales o vías recientemente remodeladas donde se ha optado por la ampliación de los espacios de tránsito se librarían de los problemas que genera esta nueva regulación física, que busca favorecer el tránsito de personas con problemas de movilidad.
Una polémica ordenanza. Gijón
