Lo que pide la zona rural

M. SUÁREZ
La página web en la que la Federación vecinal «Les Caseríes» ha colgado la versión reducida de su propuesta urbanística para la ciudad registra 845 entradas. Es «tan sólo una muestra» de la campaña emprendida en la zona rural para promover la participación ciudadana en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Los portavoces de las parroquias gijonesas esperan rebasar la barrera de las 1.000 alegaciones en este primer proceso de información pública que se cierra mañana.

Sólo la asociación «San Julián» de Somió presentaba ayer en la Pescadería Municipal cerca de 150 alegaciones de particulares. Y «San Emiliano» de Vega ya lleva canalizados más de 200 escritos. «Los funcionarios del registro empiezan a verse desbordados y, en muchos casos, ya ni te dan justificante; sólo te sellan el documento», aseguran portavoces de la zona rural, principal azote del Ayuntamiento en cuestiones urbanísticas.

Hoy, pasarán por el registro municipal colectivos tan críticos como la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes o Roces Residencial Sostenible. Las 20 familias afectadas por el circuito de Sotiello también interpondrán alegaciones. Y la Federación «Les Caseríes», que concentra el sentir general de las parroquias gijonesas en un documento de veinte páginas, cuyo contenido se resume a continuación:

l Las grandes obras. La Federación pide que «no se hurte a los ciudadanos la posibilidad de debatir en el ámbito del Plan General» sobre la zona logística, la regasificadora de El Musel, la incineradora de Serín, el plan de las vías, el área residencial de Roces o el futuro de Jove. A su juicio, estas actuaciones se tramitaron «a espaldas» del planeamiento, aunque «por su calado, ya obligaban a la revisión» del PGO.

l Las tres alternativas. Se considera que las tres alternativas propuestas en el documento de prioridades del PGO «contradicen» el modelo de ciudad compacta que defiende la Administración local. «Parece que lo importante para el Ayuntamiento es asegurar las viviendas comprometidas por el plan anulado», sostiene la zona rural. Las alternativas presentan crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas, que «no son necesarias, porque la realidad es que en Gijón hay 19.374 pisos que están desocupados».

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