La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, acoge el jueves un juicio esperado por su singularidad y gravedad. El que afecta a cuatro policías locales que supuestamente estarían involucrados en la falsificación de una multa, hecho que habrían llevado a cabo para perjudicar a un joven, J. C. E. S., con el que uno de ellos estaba enemistado por haber testificado contra él en otro juicio.
Según informó la Fiscalía, se les imputa un delito de falsedad documental, del que son criminalmente responsables en concepto de autores materiales, por el que se enfrentan a tres años de prisión cada uno. De atenderse la petición del fiscal también deberán abonar una multa de 1.440 euros cada uno y además, se pedirá que indemnicen al afectado con 300 euros por los perjuicios causados, y en 1.000 euros más por daños morales. Por su parte, la acusación particular solicita una pena total de 16 años de prisión por el delito de falsificación de la multa, a razón de cuatro años para cada uno. En cuanto a la multa, se pretende que sea de quince meses con cuota diaria de 12 euros, con el añadido de que se les inhabilite para empleo o cargo público por durante seis años por el hecho de que sea un funcionario público el que cometa el delito de falsedad en documento oficial.
Entre las graves acusaciones que se tendrán que dilucidar en la vista oral del jueves, además, se añade que a dos de los agentes se les acusa también de tomar represalias contra el denunciante, precisamente por haber querido comparecer como testigo en el citado juicio, lo que debería suponer según la acusación pública un añadido de dos años y seis meses de prisión, y multa de quince meses con cuota diaria de 12 euros por un delito contra la Administración de Justicia, también con la accesoria de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de cuatro años.
A mayores, además, se les acusa de un delito continuado de atentado grave contra la integridad moral cometido por funcionario público, por el que les pide para cada uno un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo y cargo público por plazo de cuatro años. Asimismo, el demandante solicita, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización por importe de 362 euros por las multas y 6.000 euros por daños morales, así como las costas del juicio. Los hechos se remontan al pasado 2003, cuando el demandante intervino como testigo presencial de la defensa en un juicio, iniciado a raíz de la denuncia de uno de los policías ahora acusados.
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