M. C.
Los dos nuevos informes fueron solicitados a instancias del Abogado del Estado, que es junto con el Ministerio Fiscal una de las acusaciones en este caso que se lleva en el juzgado de instrucción número cuatro de Gijón desde 2001, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. El caso fue archivado en dos ocasiones y reabierto en otras tantas por orden de la Audiencia Provincial. Varios de los abogados que defienden a los 11 imputados por estos hechos han vuelto a pedir ahora el sobreseimiento. También quieren que la instrucción se prolongue con el interrogatorio de los ingenieros que han realizado los informes. La alternativa es la apertura del juicio oral por un delito tipificado en el artículo 308-2 del código penal.
Los nuevos estudios llegan a una conclusión similar a la que ya había llegado la Dirección General de Minería del Principado en el Informe de Confrontación del Plan de Labores de Mina La Camocha para el año 2000, en el que cuestionaba el incremento de productividad del 35% en la explotación gijonesa en 1999, pese a la regulación de empleo que hubo en la mina durante los últimos cuatro meses del año.
También apunta en la misma dirección que otro informe de 2006 elaborado por economistas, que concluyó que entre 1998 y 2000 se introdujeron al menos 98.686,40 toneladas de carbón en las instalaciones de Mina La Camocha.
Más indicios que obran en el sumario son los seguimientos que hizo la Guardia Civil del movimiento sospechoso de mineral o las quejas de la térmica de Aboño a la mina, al detectar la diferencia en la calidad del carbón, entre otros.
Los responsables de la empresa siempre han negado cualquier irregularidad. En un primer momento negaron la adquisición de carbón. La segunda línea de defensa consiste en sostener que la venta de carbón foráneo como propio no es ilegal, al interpretar que las subvenciones se concedían para reducir la actividad. Uno de los imputados en este caso ha vuelto a ser detenido este mes por un fraude similar en una mina del concejo de Lena.
