Culpas bajo tierra

M. CASTRO
La instrucción del «caso Camocha», un supuesto fraude de subvenciones cifrado en 87,75 millones de euros por el ministerio fiscal (17,09, según el Ministerio de Economía), ha dado un nuevo paso tras la llegada al Juzgado de dos informes periciales que apuntan a la supuesta mezcla de carbón importado y de cielo abierto con la producción propia entre 1998 y 2000. La mina gijonesa usaba una empresa interpuesta, Trabajos y Explotaciones, para camuflar las importaciones y la recepción de mineral de Hullas del Coto Quirós. Los empresarios se desentienden ahora de la gestión en esos negocios durante aquellos años. ¿Los responsables? Según dicen, dos personas fallecidas de las empresas suministradoras, además de directivos y técnicos de la propia mina.

Así se desprende, al menos, de las declaraciones que efectuaron en calidad de imputados en el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, que lleva el caso tras una denuncia formulada por la fiscalía anticorrupción en 2001.

El empresario de Mieres Juan José Cachero Alonso, imputado como presunto responsable y administrador de Trabajos y Explotaciones, sostiene que ya no tenía ninguna relación con esta empresa desde mayo de 1998, alegando que había vendido las acciones de la compañía en un documento privado a otra persona que hoy está fallecida. Esa supuesta venta privada se elevó a escritura pública tiempo después, según el argumento de Juan José Cachero.

El «caso Camocha» no es el único supuesto fraude de subvenciones en el que se ha visto implicado este empresario, al que la Policía de Mieres arrestó el pasado 10 de febrero acusándole de hechos similares en su mina Carbones de Linares (Lena). La Policía cifró ese supuesto fraude con carbón importado por El Musel a través de empresas interpuestas en 8,7 millones de euros. Cachero y su abogado sostienen en este caso que hay un error policial, debido a que el carbón importado se usaba para mejorar el recuperado de escombreras y no para mezclar con la producción de una mina subvencionada. En el sumario del «caso Camocha» figuran referencias a Carbones de Linares, en la que durante un tiempo fueron socios Cachero y el máximo accionista de la mina gijonesa, Fernando García Brugos.

En el caso de Hullas del Coto Quirós, propiedad de Brugos, la responsabilidad en la gestión se la endosan a un hermano fallecido del dueño. Así lo señalan tanto el accionista mayoritario de La Camocha como un tercer hermano que figuraba como administrador de la explotación de Quirós.

En lo que se refiere a la propia explotación gijonesa (cuya actividad cesó hace dos años), Brugos aseguró al juez que desconocía toda la trama y que, aunque figuraba como apoderado de su empresa, desde 1998 se había apartado de su gestión para centrarse en la de González y Díez, mina de Tineo entonces filial de La Camocha. Brugos sostiene que desde ese momento no tomó ninguna decisión referente a La Camocha y apunta a directivos, ingenieros y economistas como responsables de la gestión de la mina.