M. S.
El PGO que defiende el equipo de gobierno «calca» la operación residencial que hizo de Cabueñes una de las parroquias gijonesas más beligerantes con la política urbanística municipal. Para los vecinos, este proyecto es sinónimo de «especulación y plusvalías supuestamente ilícitas», al estar envuelto en una investigación judicial que tiene como imputado al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco.
El denominado «caso Blanco», que lleva ocho meses de instrucción, se encuentra en fase de diligencias previas. El magistrado Juan Laborda será quien decida si hay indicios o no para abrir juicio oral. El ex arquitecto municipal está bajo sospecha por las operaciones de compraventa que realizó con una de las parcelas incluidas en el plan de Cabueñes, y que le reportaron 600.000 euros en plusvalías.
La instrucción daba un pequeño paso adelante la semana pasada con la admisión de Ignacio Martínez, asesor de la Plataforma de Cabueñes, como perito de la prueba técnica que pretenden aportar los vecinos. Este peritaje había sido recurrido por el abogado que defiende a Ovidio Blanco.
La Plataforma está personada en el caso, al igual que el PP, como acción popular. Vecinos y grupo de la oposición han puesto mucho empeño en que declaren algunos de los responsables políticos que intervinieron en las recalificaciones que dieron lugar al plan de Cabueñes. Laborda acaba de admitir a trámite, tras varias negativas, el recurso de apelación con el que la Plataforma y el PP insistieron en «la importancia» y «necesidad» de interrogar, entre otros, al ex concejal de Urbanismo Jesús Morales.
Con esta situación de fondo, «manteniendo el plan de Cabueñes lo que hace el Ayuntamiento es contaminar aún más el proceso de revisión», critican los vecinos.
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