Eloy MÉNDEZ
Los vecinos del área periurbana del concejo se sienten «engañados y manipulados» por los responsables de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) tras la supresión de las siete líneas de buses rurales que unían el centro de la ciudad con las parroquias, al aducir unas pérdidas de 585.653 euros en el último año y una media de tres viajeros por trayecto. Según los miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos «Les Caseríes», la «mala gestión y planificación de los responsables» de la empresa municipal es la causa de estos números. Además, calculan que estas líneas sólo generan el 10% de las pérdidas totales de la compañía y exigen una reunión urgente con su presidente, el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, después del tenso encuentro que mantuvieron el miércoles con el gerente, Luis Iturrioz.
A esa cita acudieron también el director de Planificación, Roberto Gómez, y el jefe de Tráfico, César Huerta. Según aseguraron ayer casi todos los presentes, Iturrioz les dijo que «no tenía una bola de cristal» para adivinar qué tipo de alternativas se pueden aplicar en un futuro a cambio de la supresión de los buses rurales y les recomendó «comprarse una bicicleta, una moto o un coche» para realizar los trayectos por el concejo. Además, también le reprocharon que se dedicase «a dibujar en una libreta» mientras los representantes vecinales realizaban sus exposiciones.
Finalmente, el gerente de Emtusa les propuso como únicas opciones que utilicen el transporte escolar para llegar hasta el centro de Gijón o que viajen con las diferentes empresas privadas que comunican las parroquias con la ciudad desde hace años. «No nos concretó nada más, fue una simple ocurrencia», aseguró ayer la presidenta de «Les Caseríes», Soledad Lafuente. «Una ocurrencia que no es legal, según la ley del Transporte Escolar», según María Jesús Bárcena, presidenta de la Asociación de Vecinos «El Carbayu» de Caldones.
Además, otros líderes vecinales recriminaron ayer al Ayuntamiento la eliminación de las rutas por «dejar a los residentes en la zona rural en clara desventaja con respecto a los de la zona urbana». Por eso, exigieron paralizar la supresión de estas líneas, que dejarán de operar el lunes, «independientemente de sus pérdidas», al entender que se trata de una cuestión de «derechos ciudadanos». En este sentido, insistieron en pedir al gobierno local una moratoria de tres meses para estudiar alternativas y subrayaron que los buses rurales «son una promesa electoral de la alcaldesa», Paz Fernández Felgueroso.
Por último, algunos miembros de las asociaciones de vecinos que ayer convocaron una rueda de prensa alertaron «a todos los gijoneses» de que la eliminación de las rutas en la zona rural «esconde intereses oscuros». En este sentido, no descartaron de que se trate «del primer paso hacia la privatización encubierta» de Emtusa y pidieron que, para ahorrar costes, se reduzca el sueldo de sus dirigentes.
