El magistrado rechaza las alegaciones que estiman que la venta sólo beneficia a Pymar

M. C.
Con el auto mediante el que autoriza la venta del barco, el magistrado rechaza las alegaciones que habían presentado tres compañías auxiliares, acreedores de Factorías Juliana.

Una de esas empresas, Degima, apuntó al juez que según su criterio la venta del barco sólo beneficia a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) y perjudica al resto de acreedores. ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? Pymar, que es un organismo controlado por el Ministerio de Industria, se encarga de avalar los contratos entre los astilleros privados españoles y los armadores. Esto significa que en caso de incumplimiento en el plazo de entrega del «Cristina Masaveu», Tudela Veguín tiene garantizada la recuperación del dinero que adelantó para su construcción, ejecutando los avales de Pymar.

En caso de cancelación del contrato del barco, el organismo controlado por Industria pasaría a ser acreedor de Factorías Juliana por esos 23,96 millones de euros, pero sólo cobraría un porcentaje de la deuda. Al igual que el resto de acreedores, tendría que afrontar la quita de la deuda que se plantee en un convenio. Según Degima, se está negociando una quita de alrededor de un 60% de la deuda. De ser así, Juliana sólo tendría que pagar a Pymar 9,584 millones de euros y podría vender el casco del buque cementero por su valor real, con lo que con la autorización para vender el barco a Astander se está «perjudicando a la masa con el 60% de los 23,96 millones, esto es, con 14,376 millones», según Degima.

Pymar ha sido el muñidor del acuerdo con Astander para terminar allí el cementero. Sin embargo, el organismo controlado por el Ministerio de Industria se muestra ahora reacio a eliminar la hipoteca a su favor sobre el solar del astillero. Ese es uno de los principales obstáculos para que Astilleros Armón se decida a tomar las riendas de Juliana para reflotarla, cuando concluya el concurso.