R. V.
El equipo de gobierno, y más en concreto el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, asumía ayer con toda normalidad el hecho de que el Ayuntamiento pague a una empresa de seguridad privada por vigilar el área residencial de Roces. «Es una cuestión de responsabilidad», indicaba el edil socialista. El PP había criticado previamente esta situación, denunciado que tenía un coste de 10.000 euros mensuales para las arcas del Ayuntamiento y que suponía dar un trato de favor a Sogepsa como empresa promotora de la zona y a las constructoras privadas que ahora mismo construyen las 3.700 viviendas que integran la nueva barriada de la zona sur gijonesa.
El integrante del equipo de gobierno vinculaba la existencia de equipos de seguridad en la zona, pese a que todavía nadie vive en ella, a la necesidad de proteger el patrimonio público que ya existe en esa área desde que se completara su urbanización hace casi dos años y a experiencias anteriores que ha tenido el Ayuntamiento en otros ámbitos donde se habían sufrido robos de material o mobiliario urbano. «Por eso también la hemos iluminado», explicaba ayer el concejal de Hacienda minimizando la trascendencia de la denuncia de los populares.
El gobierno local entiende que es necesario proteger las propiedades públicas que ya hay en Roces y también considera que esa es una actividad que no debe competer a los agentes de la Policía Local. Por ello, la contratación de una empresa privada de seguridad. El coste resulta más elevado que en otros casos ya que, por las grandes dimensiones del área a vigilar, se hace necesario contar con una unidad motorizada. El PP mantiene que esa zona es competencia de Sogepsa y debe ser esa sociedad quien asuma cualquier gasto de vigilancia de las calles.
El área residencial de Roces se desarrolla sobre un millón de metros cuadrados y es la operación de promoción de vivienda más importante que tiene entre manos Gijón.
La polémica . Gijón
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