La Alcaldesa desconoce si se pidió autorización a la Delegación del Gobierno

M. C.
«Lo desconozco». Así respondió la Alcaldesa a la pregunta sobre si el Ayuntamiento había solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para contratar vigilancia privada en Roces. El informe favorable del órgano que dirige Antonio Trevín es obligatorio para utilizar vigilancia privada fuera de edificios.

El artículo 13 de la ley 23/1992 de Seguridad Privada establece que «salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podrán implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice».

El reglamento 2364/1994 que desarrolla la ley señala, en su artículo 80, que la vigilancia en urbanizaciones debe estar autorizada por el gobernador civil, previo informe de las fuerzas de seguridad.

Además fija las condiciones de «que la Administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales», que las urbanizaciones cuenten con una «administración específica», estén separadas de otros núcleos y que no haya un uso público de sus calles, entre otras.