J. L. A.
Ramón Javier García Rodríguez, la persona que llevó ante la fiscalía el sobrecoste de la obra de ampliación de El Musel, anunció ayer que trasladará su denuncia ante las autoridades competentes de la Unión Europea (UE), más concretamente ante los departamentos de la Comisión Europea (CE) encargados de la auditoría de los fondos de cohesión asignados para la obra de ampliación del principal puerto asturiano.
Así lo aseguró ayer García Rodríguez, tras confesar su «perplejidad» por la decisión de la titular de la fiscalía de área de Gijón, Rosa María Álvarez, de archivar la denuncia. A su juicio, ni la fiscal ni el presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, han entrado «en ningún momento en el fondo del asunto». Indicó, en este sentido, que el desfase presupuestario admitido para la ampliación portuaria es del 43 por ciento, «cuando en virtud de la legislación comunitaria y española los sobrecostes no podrán superar nunca el 10 por ciento, y ello en casos muy concretos y debidamente justificados».
García Rodríguez hizo resaltar su extrañeza porque un «asunto» que implica la gestión de fondos comunitarios, «por un importe que ronda los 800 millones de euros (715,6, sin IVA, de los que 216 millones, también sin IVA, son imputables al sobrecoste) y en el que obra documentación expedida por organismos comunitarios no haya sido considerado de la suficiente entidad como para que se personase en él ninguna de las fiscalías ante la que se presentó directamente la denuncia: Anticorrupción y Medio Ambiente».
El denunciante, que trabaja de traductor en Luxemburgo, negó que actuase movido por alguna organización política o empresarial: «Actúo en representación de una tierra devastada, la de la ría de Aboño y el Alto Aboño».
