Argüelles asegura que la vigilancia privada en Roces cuesta la mitad que con la Policía

R. VALLE
El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, utilizó ayer criterios de ahorro económico para justificar la contratación de un servicio de vigilancia privada en el área residencial de Roces, aún en construcción. Y lo hizo en la Comisión de Hacienda a preguntas del PP, que ha denunciado la irregularidad de esta contratación al entender que incumple con la ley de Seguridad Privada. El PP entiende que un espacio público debe ser vigilado por la Policía Local. La contratación de un vigilante que se mueve por la zona en coche ha supuesto un desembolso para el Ayuntamiento de 146.327 euros en un contrato de un año de duración que termina el próximo agosto. «Si ese servicio lo hiciera la Policía Local el coste sería de 285.270 euros, casi el doble, y, lo que es peor, se minoraría la presencia de efectivos de la Policía Local en otras zonas de Gijón que sí están habitadas», explicó el edil socialista, quien asumió desde su concejalía la responsabilidad de contratar esa vigilancia «porque en Roces ya hay un patrimonio municipal muy numeroso y valioso que hay que preservar. No se vigilan las obras de los promotores, se vigilan las propiedades de todos los gijoneses. Y no sería la primera vez que nos roban farolas o cables».

Argüelles, que compareció ante los medios de comunicación, acompañado del responsable del área jurídica del Ayuntamiento, también rechazó irregularidades del contrato. «La ley de Seguridad Privada regula las relaciones entre las empresas de seguridad privada y el Ministerio del Interior. No afecta a los usuarios ni a otras administraciones», sentenció el edil al tiempo que explicaba que la existencia de este acuerdo fue comunicada a la Jefatura Superior de Policía, «y no nos consta que hiciera ningún tipo de observación». El Ayuntamiento entiende que no hay ningún problema en tener vigilancia privada en la zona, ya que ni es un polígono industrial ni una urbanización residencial privada. «Ni es un polígono ni Soto de Llanera. Es un contrato ordinario de protección de bienes», indicó el edil.

Ninguno de estos argumentos ha convencido al PP, y más en concreto al concejal y abogado Pedro Muñiz, que acusa a Martínez Argüelles de «echar balones fuera» para diferir la posible responsabilidad municipal en esta operación a la empresa de seguridad y a la Delegación del Gobierno. El PP tiene claro que el contrato es irregular y por eso ha decidido trasladar su criterio a la Delegación del Gobierno, por si tuviera que desautorizarlo y suspenderlo y desarrollar alguna actividad parlamentaria para depurar las responsabilidades del Ministerio del Interior en el caso. El PP asegura que no puede haber vigilancia privada en un espacio público y que un contrato de esta naturaleza no sólo debe ser notificado a las autoridades competentes, sino autorizado expresamente por ellas.

«Al final se trata de un tema económico. Los costes son menores que si lo tuviera que hacer la Policía. Con el mismo criterio habría que poner vigilancia privada en todos los sitios de Gijón. ¿Por qué en Roces sí y en Pumarín y Nuevo Gijón no?», preguntó irónico el edil del PP. Muñiz asegura que previamente al contrato de vigilancia privada el Ayuntamiento firmó, sin sacarlos a concurso público, otros contratos puntuales de vigilancia de la zona. «Vamos a pedir a la Delegación del Gobierno que se suspenda el contrato y, si lo suspende, exigimos que su coste sea asumido por el señor Martínez Argüelles, ya que ha asumido la responsabilidad de este contrato».