Las posturas

Gobierno

Santiago Martínez Argüelles defiende la necesidad de vigilar el área de Roces por el valor del mobiliario urbano ya instalado y entiende que es una labor que no debe competer a la Policía Local. El edil de Hacienda asegura que se cumple la legalidad y que el contrato de una empresa de seguridad ahorra costes al Ayuntamiento.

Oposición

El PP asegura que se incumple la ley de Seguridad Privada, ya que es un espacio público que debe ser vigilado por personal público, en concreto por la Policía Local. Pedro Muñiz considera que el ahorro económico no puede sustentar la decisión municipal, ya que llevaría a privatizar la vigilancia de todo Gijón. El grupo municipal de la oposición asegura que el Ayuntamiento debería contar para esta operación con una autorización expresa del Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno.