Miriam SUÁREZ

Siete comunidades de propietarios del Muro de San Lorenzo acaban de recibir un ultimátum del Ayuntamiento por el mal estado de conservación que presentan sus respectivos edificios. A través de una disposición de Alcaldía, se les ha notificado que o bien reparan las fachadas o se les impondrá una multa coercitiva de 1.500 euros por cada mes de demora.

Se trata de inmuebles en los que, ante el riesgo de desprendimientos, ya se ha tenido que colocar una bandeja de protección. El problema reside en que esta medida de seguridad «es de carácter provisional y no una solución definitiva», advierten los servicios técnicos municipales, tras comprobar que las deficiencias detectadas en estos siete edificios de viviendas de El Muro se están prolongando más de lo debido.

Su situación choca con el plan que subvenciona el Ayuntamiento para la rehabilitación de la fachada marítima gijonesa. Mantener las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de un inmueble es una obligación legal que corresponde a la propiedad. En el caso de El Muro de San Lorenzo, el cumplimiento de esa responsabilidad cuenta con una ayuda económica «especial».

«Las bandejas de protección de ninguna manera pueden sustituir a las obras de reparación», apercibe el Ayuntamiento, cuya Concejalía de Urbanismo prepara una normativa específica para regular las inspecciones técnicas a los edificios. En principio, se baraja la posibilidad de imponer revisiones periódicas a partir de 40 años de antigüedad, aunque el documento todavía está verde y no se presentará un primer borrador hasta finales de junio. Se pretende evitar afecciones sobre la vía pública, además de garantizar unos mínimos estéticos.