Miriam SUÁREZ

La Plataforma Ciudadana contra el llamado Muro de Cabueñes reclama al Ayuntamiento que reanude el proceso de revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Considera que el modo en el que el equipo de gobierno está organizando este procedimiento «altera los supuestos de partida», recogidos en el documento de prioridades que se sometió a información pública entre enero y febrero de este año.

A través de dicho documento, se plantean tres posibles alternativas de ordenación urbanística. La primera no amplía la ciudad más allá de los proyectos aprobados. La segunda acarrea un desarrollo residencial de 17.200 viviendas. Y la última se decanta por un crecimiento de 24.200 pisos. Portavoces de la Plataforma advierten de que los informes que el Ayuntamiento ha encargado a posteriori «eran absolutamente imprescindibles para generar unas hipótesis de ordenación ajustadas a la realidad».

Es decir, «esos estudios ya debían haberse articulado antes de que arrancase el proceso de revisión», que desde la perspectiva vecinal «está resultando esperpéntico». Los encargos a los que se refiere la Plataforma Ciudadana de Cabueñes tienen como objetivo diagnosticar el suelo disponible, la oferta de vivienda, los flujos de tráfico y la viabilidad económica del nuevo planeamiento urbanístico. Esta última licitación ha quedado desierta.

Al colectivo le llama también la atención que «no se haya conseguido aprobar el Catálogo Urbanístico -que ha salido nuevamente a información pública- antes del fin de la protección preventiva de sus bienes». La suma de todos estos contratos, según las cuentas de los vecinos, «supera los 235.000 euros, lo que supone aproximadamente la mitad del coste de la anterior revisión, adjudicada en 2003» al arquitecto Luis Felipe Alonso Teixidor.

Su trabajo ha sido anulado por una treintena de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La Plataforma de Cabueñes considera que el Ayuntamiento va camino de tropezar dos veces con la misma piedra, aparte de «los costes erróneamente planificados que pagamos todos».