Los argumentos de la Agencia Española de Protección de Datos en su decisión de archivar la denuncia de Cascos contra el PP gijonés son muy similares a los esgrimidos semanas antes por el comité nacional de derechos y garantías del PP, al que también acudió el ex ministro en defensa de sus intereses.
En su escrito de denuncia elevado a los órganos nacionales del PP, Álvarez-Cascos acusaba a la actual dirección local de los populares gijoneses de eliminar parte del archivo histórico del partido en Gijón. Si bien el instructor nombrado por Génova para resolver el expediente reconocía que «puede faltar una parte de la documentación», consideraba que ésta es suficientemente abundante «como para que no quepa hablar de destrucción o pérdida total del archivo».
Ángel Fernández Díaz, vocal del comité de derechos y garantías, que fue el dirigente popular designado por Génova para instruir la denuncia, basó su rechazo a las medidas sancionadoras solicitadas por Cascos tanto en la documentación aportada por las partes como en los testimonios, entre otros, del ex ministro, Pilar Fernández Pardo, Isidro Martínez Oblanca y José Ignacio Riestra, ex secretario general del PP de Gijón.
El instructor aseguraba en su resolución, favorable a los intereses de la dirección local, que la sede del PP en Gijón está «bien organizada» y no existen «rastros de humedad» en la documentación custodiada que, aunque antigua, «se mantiene en buen estado».
El instructor, como Protección de Datos, reconoce que no ha habido obras en la sede del PP y confirma que la actual dirección tiene contratado un servicio de recogida y destrucción de documentos que se encarga de retirar mensualmente el contenido de los contenedores habilitados en la sede.
