Eloy MÉNDEZ
El expediente sancionador abierto a España en el Parlamento europeo por la contaminación atmosférica y acústica provocada por Arcelor-Mittal y que fue denunciada por los vecinos de Veriña sigue adelante. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara decidió ayer solicitar nuevos informes al Gobierno español sobre la situación actual en la factoría gijonesa, antes de redactar su dictamen definitivo. Esta petición está motivada porque los datos que maneja actualmente este organismo son del año 2008 y están desfasados.
El representante de la Comisión Europea (CE) ante los eurodiputados encargados de analizar el caso aseguró, durante la reunión mantenida ayer en Bruselas, que «somos conscientes de que se ha producido una mejora de la situación» desde que la Asociación de Vecinos «San Martín» de Veriña redactó su denuncia en el año 2007. Por este motivo, exigió conocer el nuevo mapa del ruido de la zona y el actual plan de calidad del aire del concejo de Gijón. De lo contrario, el Gobierno español podría recibir algún tipo de sanción por este asunto.
Por su parte, la eurodiputada socialista María Muñiz aseguró durante su intervención en la Comisión de Peticiones que «sabemos a ciencia cierta que se ha producido un claro descenso de la contaminación» en Veriña desde que los hechos se pusieron en conocimiento de la Comisión Europea. Una explicación que no convenció al representante de la CE, que insistió en la necesidad de actualizar esos datos para realizar un análisis «correcto» antes de redactar una conclusión.
La Asociación de Vecinos «San Martín» de Veriña denunció hace tres años ante los organismos comunitarios la pasividad de las administraciones españolas para frenar la «continua contaminación acústica y del aire que provoca» la factoría de Arcelor-Mittal en la parroquia, procedente de las baterías de coque, que al parecer funcionaban de forma deficiente por falta de mantenimiento, según varios trabajadores de la acería. Este escrito motivó la actual investigación de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, que aún está en fase inicial y se prevé larga.
Las quejas de los vecinos ya encontraron hace meses el amparo de la procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, que emitió un dictamen en el que respaldaba sus argumentaciones y pedía a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Gijón más esfuerzos para hacer cumplir la normativa medioambiental.
