Á. C.

El proyecto del gran vertedero de residuos industriales que Asturiana de Zinc (Azsa) promueve en la parroquia de Cenero deberá someterse al trámite de impacto ambiental y, según acaba de resolver la Consejería de Medio Ambiente, ese expediente tiene que contener una amplia justificación del proyecto y aportar información sobre otras posibles alternativas de ubicación. También debe contener explicaciones más abundantes de por qué no resultan factibles, a corto y medio plazo, otras posibilidades técnicas distintas a la eliminación en Cenero del vertido denominado jarofix.

Esos son, entre otros, los apuntes que ha hecho el Principado a la empresa Azsa, en el trámite inicial de consulta sobre la evaluación de impacto ambiental correspondiente a la implantación en el concejo de Gijón de un vertedero de jarofix. Se trata de un tipo de residuo de carácter no peligroso que Azsa genera en su proceso productivo, a razón de unas 562.650 toneladas al año. Hasta ahora el jarofix se vertía en un depósito de residuos que gestiona Azsa en la cantera El Estrellín. Sin embargo, según la documentación aportada por la empresa, dicha cantera está llegando al fin de su vida útil, lo que les ha obligado a buscar alternativas y a abrir ante la Consejería el proceso de consultas para la ubicación de dicho residuo en el hueco de un depósito autorizado para tierras y rocas limpias en Carbaínos, a 9 kilómetros del casco urbano gijonés. Un emplazamiento al que se accede desde las carreteras AS-II y AS-18, que comunican con la AS-17.

La finca tiene una capacidad de vertido de 5 millones de metros cúbicos y de llevarse adelante el proyecto el potencial impacto repercutirá en la generación de residuos, contaminación acústica, atmosférica y de las aguas, así como el aumento de tráfico, ruido y emisiones. Según se reflejó ayer en el BOPA, en la primera fase de consultas oficiales presentaron aportaciones la Dirección General de Minería y Energía: el Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; el Servicio de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural; la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, y el Ayuntamiento de Gijón. Ningún organismo planteó consideraciones severas que hagan intuir la inviabilidad del proyecto, aunque la Coordinadora Ecoloxista mantiene la alerta sobre potenciales impactos en la población, el territorio (pérdida de paisaje) y el entorno, y «la necesidad de evaluar la aceptación social del proyecto».