Miriam SUÁREZ

Los años de retraso que acumula el proyecto de la depuradora prometida para la zona Este ha traído consecuencias. La Comisión Europea llevará a España ante el tribunal de justicia comunitario para que responda por el deficiente sistema de saneamiento de 38 ciudades del país, y Gijón es una de ellas. Se toma esta decisión después de dos amonestaciones previas por «incumplimiento prolongado» de la directiva que regula el tratamiento de las aguas residuales.

La legislación europea obliga a implantar sistemas adecuados de recogida y depuración en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes. En el caso de Gijón, ese sistema debería constar de dos estaciones, una para la cuenca Oeste y otra para la Este. Pero la segunda instalación todavía no se ha ejecutado. El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico -vinculada al Ministerio de Medio Ambiente- llevan dándole vueltas desde que se aprobó la directiva en 1991. El plan integral de saneamiento previsto entonces para la ciudad sigue incompleto diecinueve años después.

Casos como el de Gijón han hecho saltar la alarma en la Unión Europea. Las ciudades con deficiencias en la depuración de sus aguas residuales tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para adaptarse a la normativa. España recibió en 2004 una carta de apercibimiento de las autoridades comunitarias al comprobar que «un considerable número de ciudades» no había adoptado las medidas oportunas. El segundo y último aviso llegó en diciembre de 2008.

Aun así, «tras la consiguiente evaluación, se estableció que 38 ciudades españolas seguían infringiendo la normativa», explica la Comisión Europea, a través de sus servicios de comunicación en Madrid. «Es inadmisible que hayan transcurrido más de ocho años desde el vencimiento del plazo y que España siga sin dar cumplimiento a esta directiva tan importante», ha declarado al respecto el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

La decisión de acudir al Tribunal de la Unión Europea también afecta a Italia, donde se ha puesto en tela de juicio la forma en que 178 municipios depuran sus aguas residuales. Ante «el grave y continuado» incumplimiento de la directiva vigente, la Comisión «se ve obligada» a dar este paso. Los «asuntos» español e italiano suponen «un motivo de gran preocupación» para las autoridades europeas. Según el comisario Janez Potocnik, «las aguas residuales no depuradas constituyen un peligro para la salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores».

En este sentido, la Comisión Europea advierte de que los desechos urbanos arrastran «bacterias y virus nocivos», además de contener «nutrientes como nitrógeno y fósforo, que pueden dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida». La advertencia se dirige a ciudades como La Coruña, Santiago de Compostela, Benicarló y Gijón. La concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, salió al paso asegurando que la situación «aquí no es la misma que en otras localidades» denunciadas.

El municipio cuenta, actualmente, con la depuradora de La Reguerona, que da servicio a la zona Oeste. En el Este, sin embargo, funciona una planta de pretratamiento -conocida como la Plantona- y un emisario submarino que vierte las aguas resultantes a dos kilómetros y medio del litoral. Algunos colectivos como la Coordinadora Ecologista de Asturias vienen denunciando desde hace tiempo que esta fórmula «es insuficiente». Sus voces críticas han llegado hasta la Unión Europea.

Dulce Gallego garantizó que la segunda depuradora gijonesa «estará licitada muy pronto». Se soterrará bajo la Plantona, que desaparecerá del paisaje de El Pisón (Somió) con el nuevo proyecto. En superficie, está previsto habilitar una gran zona verde. La ubicación del equipamiento ha sido motivo de agitados debates ciudadanos. El bucle de contenciosos que envuelve a la Plantona desde su creación no hizo más que echar leña al fuego. Los vecinos de El Pisón se mantienen críticos con el plan de saneamiento municipal y siguen sin renunciar a la lucha judicial.