R. GARCÍA

Los jueces avisan: la implantación del nuevo programa informático que entró en funcionamiento el pasado martes en los juzgados está provocando problemas que pueden paralizar procedimientos «con el consiguiente riesgo de colapso de todas las salas de Gijón». La junta de jueces de la ciudad acordó ayer por unanimidad -con la presencia de 23 de los 24 magistrados de la ciudad- emitir un comunicado en el que anuncian su decisión de no asumir «las consecuencias que puedan derivarse de esta situación».

Los funcionarios de los juzgados gijoneses ya habían avisado de las deficiencias del programa «Minerva» hace días. En su denuncia, los trabajadores de la judicatura local describían escenas de caos que ahora son ratificadas por los jueces. Los funcionarios no tienen la formación suficiente para trabajar con el programa que se les ha impuesto. Esta realidad, la apresurada implantación ha hecho que baje considerablemente en los últimos días la rapidez en las tramitaciones judiciales.

Los jueces van más allá asegurando que el nuevo programa informático ha sido diseñado para una oficina judicial que «aún no está instaurada ni tiene visos de ser instaurada en un plazo razonable habida cuenta de la situación económica». Los magistrados mantienen que el nuevo programa de gestión tiene «graves errores» y está desfasado «con respecto a las nuevas leyes procesales».

En estas nuevas regulaciones se recogen, por ejemplo, las nuevas obligaciones del secretario judicial. Este profesional no está obligado desde la aplicación de la nueva normativa a asistir a todos los juicios. Sencillamente debe dar fe del acto de la vista oral con su firma electrónica. Ahí viene el problema. En la actualidad en los juzgados los secretarios judiciales no disponen del mecanismo necesario para llevar a cabo una firma electrónica. Los jueces advierten de otros fallos en los nuevos sistemas, algunos de los cuales encienden especialmente a los magistrados. Cuando un funcionario emite una citación judicial, el denunciante aparece por defecto en la plantilla del nuevo sistema como «presunto culpable», algo que va totalmente en contra de la presunción de inocencia recogida por la Constitución Española.

El decano de los jueces de la ciudad, Luis Roda, pidió hace ya varios meses dos nuevas plazas de funcionario para el decanato, teniendo en cuenta que con la nueva normativa deben archivar todos los procedimientos que se conozcan en los juzgados. Su demanda fue apoyada por el Consejo General del Poder Judicial pero rechazada por la Consejería de Justicia.

La junta de jueces de Gijón ha enviado el comunicado de queja al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para su conocimiento.