R. VALLE

«Ya se sabe cómo reacciona el PP. En lugar de comprobar qué pasa con las cosas, van a los tribunales. ¡Si hasta han llevado ante el juez a la Agencia Tributaria! Hacen con todo lo mismo: denunciar. Aunque ya dijo el señor Rajoy que le importaba tres pepinos lo que dijese la justicia sobre el señor Camps». Así de contundente se mostraba ayer Paz Fernández Felgueroso tras asumir el papel de última víctima de la política judicial del Partido Popular. El PP gijonés, como anunciaba el miércoles su secretario general y concejal Luis Crego, ha presentado un recurso ante los tribunales contra la alcaldesa de Gijón por la supuesta violación de derechos fundamentales. El PP asegura que Felgueroso les impide el acceso a las facturas del Ayuntamiento, con lo que limita su capacidad de fiscalizar la actividad del gobierno. El caso concreto que llevan ante el juez es una petición de facturas realizada el pasado mes de abril que ha obtenido una respuesta negativa de la Alcaldía.

«Reto al señor Crego a que compare la transparencia del Ayuntamiento de Gijón con la transparencia de cualquier otro Ayuntamiento. A lo largo de este mandato el PP ha pedido, y tenido acceso, a más de 1.800 expedientes. Que me diga otro Ayuntamiento donde se consiga tanta información», aseguró la regidora socialista. Una sentencia que tenía su continuidad en la explicación de por qué se habían denegado a los populares sus últimas peticiones para cotejar facturas.

«En una de sus últimas peticiones piden la relación número 347, que se corresponde con las facturas de más de 3.000 euros. Esa relación se ha puesto a su disposición pero es que ahora piden las facturas, que comprenden la relación... y son diez mil. El señor Crego personalmente hace otra petición que es de 247 facturas. Esas peticiones indiscriminadas son absolutamente inasumibles. Los funcionarios municipales dejarían de hacer todo lo que hacen para llevar a cabo esa gestión», concretó la Alcaldesa. De hecho, en las contestaciones por escrito que la Alcaldesa envía a, respectivamente, los concejales Pablo González y Luis Crego se argumenta que «el ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales. No podrán formularse peticiones de información genéricas o indiscriminadas».