J. L. A.
Los consejos de administración de los puertos incluidos en el sistema estatal, entre ellos El Musel, no podrán tener más de quince consejeros, según decidió el jueves la Comisión de Fomento del Congreso en aplicación del plan de racionalización del sector público aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 dde abril. Una enmienda que se incorporará a las pactadas por el PSOE y el PP a la nueva ley de Puertos, en sustitución de la de 2003, y que obligará a El Musel a prescindir, al menos, de siete de sus actuales consejeros.
Los directores de puertos dejarán de ser miembros natos del consejo de administración, por lo que José Luis Díaz Rato, director de El Musel, tendrá voz en las deliberaciones del consejo de administración, pero no voto. El capitán marítimo, Ignacio Fernández Fidalgo, mantendrá la representación de la Administración del Estado, con sus actuales derechos.
La reducción obligará al Gobierno del Principado, que seguirá designando al presidente de El Musel, a reducir su presencia en el consejo de administración a cinco representantes, tres menos de los que tiene hasta ahora. Esas vocalías son ocupadas ahora por Francisco González Buendía (consejero de Infraestructuras del Principado); Belén Fernández González (consejera de Medio Ambiente); Herminio Sastre (viceconsejero de Ciencia y Tecnología); Julián Bonet (director general de Transportes), además de Jesús Urrutia, Montserrat Bango y Francisco Villaverde.
Una de las novedades que quieren introducir tanto el PSOE como el PP es que el titular del Ministerio de Fomento pueda revocar al presidente de un puerto en caso de infracción grave. Dicho de otro modo: las comunidades autónomas nombran a los presidentes de los consejos de administración, pero éstos pueden ser destituidos por el Gobierno central. Socialistas y populares ha optado por dejar en manos del Senado esa decisión.
El Estado tendrá un total de cuatro representantes, frente a los cinco de las comunidades autónomas (incluido el presidente del puerto). Los seis puestos restantes del consejo de administración quedarán en manos de los ayuntamientos (33 por ciento), además de cámaras de Comercio y organizaciones empresariales o sindicales (66 por ciento restante). Los consejeros de El Musel cobran una dieta de 700 euros por cada reunión, unas doce sesiones al año.
