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Pocas casas para los «sin techo»

Las víctimas de violencia de género se convierten en el colectivo más necesitado de viviendas de emergencia social en una ciudad que sólo cuenta con seis

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Oficinas de la Empresa Municipal de Vivienda en la avenida de Portugal.
Oficinas de la Empresa Municipal de Vivienda en la avenida de Portugal.  
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Miriam SUÁREZ
La asociación «Alambique» protagonizó ayer una acción de protesta para denunciar «la total desinformación que existe» en torno a las llamadas viviendas de emergencia social. Según está detectando el colectivo en su lucha contra la exclusión, las políticas urbanísticas del Principado y del Ayuntamiento «no ayudan a vivir dignamente a los que subsisten con empleos precarios y pensiones insuficientes, sufren desahucios o tienen que vivir en trasteros».

Ayer tocaban a la puerta de la Empresa Municipal de Vivienda, con sede en la avenida de Portugal, para pedir explicaciones. La gerente de Emvisa, Cristina Tuya, no tuvo inconveniente en recibir a dos representantes de la asociación. Su mensaje: «Nuestra capacidad de atención social no puede centrarse en las viviendas de emergencia, porque están muy condicionadas por la disponibilidad y los requisitos para acceder a ellas son taxativas. Gijón tiene otros recursos. ¿El principal? Los programas de ayuda al alquiler».

Actualmente, la ciudad dispone de seis viviendas para casos de emergencia social. Tres pertenecen a Vipasa, el organismo que gestiona el patrimonio de vivienda pública del Principado, y las otras tres son de titularidad municipal. «Pero tenemos en marcha tres o cuatro expedientes para su ocupación», matiza Cristina Tuya. «El número siempre depende de las viviendas que nos van quedando vacías», añade.

El año pasado Emvisa atendió 18 situaciones de emergencia: la mitad, víctimas de violencia de género, una familia de minoría étnica, dos ancianos en riesgo de exclusión social y seis personas con cargas familiares y recursos muy limitados, principalmente mujeres. Desde que se incluyó la violencia de género entre los supuestos de urgencia social del decreto 30/2003, «quienes más están necesitando este tipo de viviendas son mujeres que han sufrido malos tratos y que vienen, en su mayoría, derivadas de la Casa de Acogida (más conocida como la Casa Malva)», apunta la gerente de Emvisa.

A los beneficiarios, todos ellos con escasos recursos económicos, se les exige dos años de empadronamiento en Gijón y que ni hayan renunciado a una vivienda en los últimos cinco años ni hayan sido desalojados previamente. También se comprueba que la situación de necesidad no venga propiciada por causas «imputables» al propio solicitante, como pudieran ser deudas o impagos.

Los miembros de la asociación contra la exclusión «Alambique» trasladaron a Cristina Tuya el caso concreto «de un señor que no tiene recursos» para acceder a una vivienda por los cauces ordinarios. Ni siquiera a una de las que oferta el mercado inmobiliario en régimen de protección. La gerente de Emvisa se ha comprometido a estudiar el asunto y, siempre que cumpla los requisitos impuestos por la Administración, «le buscaremos un lugar donde vivir».

El decreto que regula las viviendas de emergencia social acoge a quienes sufren «circunstancias muy especiales». Entre ellas, la violencia de género. Pero también se consideran como tales la necesidad de realojo por modificaciones urbanísticas o expropiación, las que exigen la intervención de los Servicios Sociales, la ruina del domicilio habitual por desplome, inundaciones «catastróficas», incendio o vientos huracanados y el regreso de asturianos que tuvieron que emigrar en su día por causas políticas.

«Esto último es algo excepcional, aunque hace un par de años acogimos a dos familias que venían de Georgia», explica Tuya. Inicialmente, se les suele hacer un contrato en precario, para luego establecer «una renta muy baja, de 60 o 70 euros, 100 como mucho». A aquellas personas que no entren en el programa de emergencia social, se las trata de ayudar con prestaciones al alquiler. De los 3.300 beneficiarios previstos para 2010, Emvisa ya lleva atendidas en lo que va de año 2.152 personas.

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