A. RUBIERA

Santiago Barambio, ginecólogo con 40 años de ejercicio a sus espaldas, director de la Clínica Tudor Médica de Barcelona, es presidente y uno de los fundadores de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). La próxima semana está citado con la ministra de Sanidad para una puesta en común sobre el borrador que está empezando a conocerse del real decreto que desarrollará la nueva ley del aborto. Asegura Barambio que en la concreción final de esa normativa está la clave para que toda «la sensibilidad que demostró en su día el Ministerio de Igualdad» no se vaya al traste.

«Estamos ante una ley que ofrece mayor seguridad ante el aborto, y si no se mete la pata con el reglamento que la tiene que desarrollar, permitirá que abortar en España sea igual de accesible que antes. Una buena ley con un mal reglamento puede ser peor que si hubiera una mala ley», dijo ayer, en Gijón, el doctor Barambio, minutos antes de pronunciar una conferencia organizada por la tertulia feminista «Les Comadres».

Sobre el borrador de reglamento y, específicamente, los apartados relativos a la interrupción del embarazo cuando las menores no cuenten con autorización familiar, el portavoz de ACAI fue muy claro: «No nos supone ningún problema». Pese a las voces en contra que ya han alzado algunos colectivos médicos, para los representantes de las clínicas acreditadas no ofrece dudas el hecho de que recaiga en los especialistas la valoración final de si se aprecia que existe riesgo evidente de un conflicto familiar grave como eximente para que una joven aborte sin dicho consentimiento.

«Curiosamente, todo el mundo nos pregunta por la solución que se da al tema del aborto en las adolescentes, y es ahí donde no vemos ninguna pega. Nos parece bien la solución que se plantea, tanto en el caso de que los tutores estén informados (con la firma de un tutor y su DNI es suficiente), porque la solución nos parece cómoda, como que no lo estén», indicó Barambio. En este último supuesto, el ginecólogo aseguró que «la responsabilidad de decidir y valorar sobre las circunstancias de una joven no va a recaer en nadie que no quiera que recaiga». Para este ginecólogo, es incuestionable que «todos los días los médicos ejercen con responsabilidad su criterio en muchos aspectos que tienen que ver con la salud de las personas, y aquí será igual. Me parece hasta lógico que sea quien va a practicar un aborto quien pondere y valore la situación que vive la paciente a la que atiende. Y si no lo ve claro, podrá recurrir a un informe de un psicólogo o un trabajador social», explicó.

El portavoz de ACAI considera que existía una necesidad social de abordar el tema de los abortos a menores sin consentimiento familiar: «Entre un 14-15% del volumen total de abortos en España tiene como protagonistas a mujeres de menos de 19 años. En nuestra asociación hicimos un estudio que reflejó que el 30% de las chicas de 16-17 años que abortaban habría preferido no decírselo a sus padres. Y, además, entre las mujeres de más de 18 años que acudían a nosotros, menos del 50% contaba su situación a la familia». Todos esos datos ofrecen, a su entender, una realidad: «Que son muchas las mujeres que no parecen dispuestas a que su entorno familiar sepa determinadas cosas de su esfera más íntima. Y no siempre por riesgos hacia ellas, también por evitar un dolor a padres y madres. Aunque a una madre le gustaría saber todo de sus hijos, no se debe legislar para padres ni para médicos, sino para las personas que necesitan un aborto», afirmó.

Barambio adelantó ayer en Gijón que las clínicas acreditadas ya están elaborando un cuestionario que sirva de base para determinar si la petición de una menor está suficientemente fundamentada. Entre las preguntas del cuestionario se incluirá si los tutores de la joven pertenecen a una religión que prohíbe el aborto. «Nos parece razón suficiente para que no se quiera decir en casa. Incluso como forma de protección de la salud mental de unos tutores», advirtió.

Pero no todo el desarrollo de la ley tiene, por ahora, un respaldo tan claro por parte de las clínicas acreditadas. Santiago Barambio afirmó que en su colectivo existe una preocupación real porque «hasta ayer mismo, que recibimos una citación para acudir al Ministerio, no se contó con nosotros, que somos los que sabemos, para elaborar nada del borrador». De ahí que teman que «cuestiones como la confidencialidad de las pacientes, que nos parece muy farragosa, o la indefinición de lo que son las 14 semanas de gestación, o la escasa definición de quiénes son especialistas en practicar abortos» puedan acabar por configurar un «mal reglamento».