Durante los meses de mayo y junio Hacienda nos llama a cumplir con el deber de hacer la declaración de la renta. En los impresos de la citada declaración aparecen dos casillas en las que se nos invita a poner una cruz para que donemos el 0,7% bien a la Iglesia católica, bien a fines sociales. De esta forma parece que nuestro sistema tributario permite que sea libremente cada ciudadano el que decida qué hacer con el 0,7 de su dinero.
Si las cosas fueran así nada tendríamos que objetar, pues naturalmente cada uno es muy libre de dar su dinero a quien quiera. La cuestión es que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Estos ciudadanos que ponen la cruz en cualquiera de las casillas, decidir, claro que deciden. Pero, la cuestión es ésta: ¿Realmente deciden de su dinero?
Cuando hacemos la declaración de la renta, después de anotar ingresos, pagos a cuenta, deducciones, etcétera, al final llegamos a un concepto llamado cuota líquida. La cuota líquida es la cantidad que debemos pagar a Hacienda, si la declaración es positiva, lógicamente.
Si reflexionamos un poco sobre este asunto y nos hacemos la pregunta de quién es realmente ese dinero, tendremos que reconocer que se trata de una cantidad que debemos al Estado.
Ese dinero no es nuestro. Es de todas y todos los ciudadanos y forma parte de los Presupuestos Generales del Estado.
Si nos damos cuenta, empezamos a descubrir el engaño de las crucecitas. ¿Cómo es posible que el Estado español permita que cada ciudadano o ciudadana coja el 0,7 de un dinero que no es suyo, sino que forma parte de los Presupuestos Generales, y pueda decidir dárselo a la Iglesia católica o a fines sociales? ¿Por qué? Pues nada más y nada menos que para disfrazar aquello que antiguamente se llamaba el mantenimiento de culto y clero a cargo del Estado. Es decir, que el Art. 16 de la Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Para lo único que ha servido es para que el Estado se invente estos trucos, ya que el gasto de culto y clero sigue a cargo del Estado. Eso sí, ahora disfrazado con crucecitas voluntarias.
Pero ésta no es la única trampa. Resulta que el año pasado 14 millones de ciudadanos y ciudadanas, casi el 70%, no puso la cruz a favor de la Iglesia católica. De buena fe la pusieron para fines sociales a través de ONGs. Pues bien, todos ellos tienen que saber que más de la mitad de las ONGs entre quienes se reparte ese dinero son organizaciones de la Iglesia católica. Y que además en los últimos tiempos el número de ONGs ha crecido como los hongos y que se dedican a las causas más variopintas.
Suele la Iglesia católica justificar estas subvenciones citando una retahíla de hospitales, obras pías de caridad, casas de ancianos, colegios concertados, etcétera. Exponiendo la cantidad de personas necesitadas que atienden, el bien que hacen y además incluso llegan a plantear la cifra de los millones de euros que ahorran al Estado.
Otra vez las cosas no son lo que parecen. Probablemente nos acerquemos más a la realidad si lo vemos de esta otra manera: el Estado se desentiende de sus obligaciones sociales y educativas y priva a los ciudadanos de derechos que les corresponden, sustrayéndole miles de millones de euros y permitiendo así ejercer a la Iglesia el negocio de la caridad y una enseñanza que discrimina con dinero público a alumnos y a docentes.
Ningún ciudadano tendría que mendigar caridad por lo que en justicia le corresponde, si el Estado obligara a tributar a todos y cada uno lo que le toca, incluida la riquísima Iglesia católica, y si a su vez atendiera los derechos sociales de los ciudadanos, como es su obligación, con servicios sociales públicos eficientes y no dejándolo en manos de entidades privadas. Al no poner ninguna cruz ese dinero está donde tiene que estar, en los Presupuestos Generales del Estado y a él le corresponde atender las necesidades sociales, no por caridad sino por justicia.
Asturias Laica pide que no se ponga ninguna cruz en la declaración de la renta para decirle al Estado que las personas necesitadas son ciudadanos con derechos y no mendigos para el ejercicio de la caridad y que las iglesias son asociaciones privadas que deben financiarse a sí mismas y no con dinero público.
