«Se dan chivatazos a España para que corra con los gastos de operaciones antidroga»

M. CASTRO

La fiscal María Teresa Gálvez es la adjunta al miembro nacional español en La Haya de Eurojust, que es la unidad de cooperación judicial europea. Llegó a Eurojust tras haber pasado por las fiscalías de Orense, Sevilla y Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción. Ayer intervino en las jornadas sobre la imparcialidad de los fiscales.

-¿Qué temas suelen tener entre manos?

-Tenemos muchos casos de phishing y otros fraudes a través de Internet, que tienen a sus cabecillas en Moldavia y sobre todo en Ucrania. También temas de droga y blanqueo de capitales. Lo más importante para acabar con una delincuencia planetaria es cruzar datos a través de Europol y Eurojust.

-¿Por qué los casos de corrupción suelen dilatarse tanto?

-Para el sospechoso siempre es una ventaja si el proceso de investigación se ralentiza, porque suele ser un tipo de sospechoso con unos recursos jurídicos y con abogados más importantes que el que acaba de darse de tortas en el puerto y la estrategia es de mucha discusión jurídica, pero no aportando, sino desmontando; recurriendo cada paso que se da el juez.

-¿Quien dispone de muchos recursos puede burlar la ley?

-Puede entorpecerla.

-¿Más que en otros países?

-Es que en otros países la fase de investigación no es contradictoria. En el 80% de los países de Europa durante la investigación la Policía y la Fiscalía acumulan las informaciones y evidencias del delito y cuando ya está todo bajo su paraguas, es cuando se desvela a la defensa todas las informaciones, en lo que se conoce como fase intermedia del proceso (desde que el fiscal, el juez de instrucción en el caso de España, presenta los cargos hasta que se abre el juicio oral). Y es en esa fase en la que la defensa pude pedir más pruebas o pedir las que considere que se han obtenido irregularmente. El problema de España es que empezamos con la contradicción entre las partes desde el atestado policial o la denuncia, para dar mayores garantías al sospechoso. Pero el precio que pagamos es la lentitud y el coste procesal carísimo e ineficaz.

-Con una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX.

-Y que el Parlamento debería cambiar. Yo llevo 26 años ejerciendo como fiscal y desde entonces llevo oyendo que hace falta cambiar el modelo.

-¿En otros países europeos hay el mismo recelo que en España sobre la imparcialidad del fiscal por su dependencia del Gobierno?

-En todos los países los fiscales siempre dependen del ejecutivo y de cada ministerio de justicia. Lo que pasa es que la confianza de la comunidad en su fiscalía es distinta a la nuestra, porque nosotros somos quienes somos, producto de una guerra civil y de una dictadura muy larga, con un poder ejecutivo lesionando derechos fundamentales. Necesitamos más tiempo. Tanto protege al ciudadano un funcionario policial, como un fiscal, como el juez de garantías. Los tres están al servicio de la comunidad y eso está admitido en otros países. En España hay muchos recelos, producto de nuestra historia.

-¿Y las acusaciones de parcialidad que hacen cargos políticos?

-No ayudan para nada esas manifestaciones cuando hay sospechas de criminalidad de algunos de ellos.

-¿Qué le parece las acusaciones del PP al juez Garzón, a fiscales y a funcionarios policiales por su actuación en el caso Gürtel?

-No he visto nada igual en Europa. Es muy genuino nuestro.

-En el Reino Unido los principales partidos defenestraron a parlamentarios propios por el uso indebido de dietas.

-No hubo acusaciones penales contra esos parlamentarios, pero todos ya han devuelto el dinero. Se funciona de otra forma.

-Usted defiende que la actuación de la justicia debe basarse en criterios de efectividad.

-Es algo fundamental. Eso hay que meterlo en los planes de trabajo de la fiscalía, de las unidades policiales y de los juzgados.

-¿Pero no se trata de resolver los casos y castigar a los responsables?

-No sólo se es eficaz con una sentencia. También se puede ser eficaz con una buena negociación y un mecanismo de consenso entre el fiscal y el abogado defensor. Es decir, tiene que haber mecanismos que acorten el proceso y que den una respuesta más rápida al delito, que permitan mayor recuperación de dinero ilícito y mayor compensación a las víctimas.

-¿No se hace ya en España?

-Los fiscales en España no discriminan si la acusación va a ser efectiva. Por ejemplo, en España la delincuencia económica no recibe grandes condenas, porque los tribunales valoran mucho el lapso de tiempo entre los hechos y la sentencia. El fiscal va a invertir muchas horas de su trabajo y la Policía y el juez de instrucción en una sentencia que es un ratón. La alternativa es negociar con esos sospechosos de cara a recuperar los capitales pronto. El problema es que a veces es muy difícil recuperar dinero que está ya en otros países y lo que puedes hacer es complicarle la vida al sospechoso.

-¿Qué falla en la lucha contra este tipo de delincuencia en España?

-El proceso penal. Lo que no puede ser es tener que pagar un entrenamiento, un escáner y un administrativo a la Policía, para que tenga que repetirse lo mismo en Fiscalía con otro escáner y otro administrativo y luego volver a repetirse cuando llegue al Juzgado. Y luego otra vez en el juicio oral. No se puede, porque los países tienen recursos limitados.

-¿Es más cara la justicia en España respecto a otros países?

-Carísima. Te puedes tirar ocho años en un tema de delincuencia económica.

-En España ha habido grandes decomisos de droga fruto de la información facilitada por otros países. ¿Simple colaboración?

-Países que tienen mucha más flexibilidad a la hora de investigar y mucha inteligencia policial, pero que no puede ser usada como evidencia en un juicio, transmiten que un barco va cargado de droga y todo el esfuerzo de capturar el alijo lo hace España, corriendo con todos los gastos y con el mantenimiento en la cárcel de los que van en ese barco, que nunca son peces gordos. Mientras, el país que da el chivatazo, se queda al margen. Nosotros actuamos mucho, pero también se podría actuar usando la inteligencia policial como otros países, porque el Estado soporta un coste penitenciario importante.

-¿Qué le parece la medida que plantea el Gobierno español de amnistiar a los defraudadores fiscales a cambio de que compren deuda pública a interés bajo?

-Hace años ya existieron los pagarés del tesoro, con los que afloraba dinero negro, y no había crisis como ahora. No soy experta en el tema, pero creo que esta medida no se debería tomar sin saber lo que están haciendo otros estados de la UE. También se que se ha planteado si cambiar las SICAV, pero he oído a la ministra que hay que ser prudente, porque los capitales son temerosos.

-Y tienen la alternativa de los paraísos fiscales. ¿Dónde están ahora?

-En países de África, además de China. Los que lo eran tradicionalmente, como Liechtenstein o Panamá, ya cooperan con los organismos europeos que luchan contra la evasión de capitales, porque no quieren estar en la lista negra. El centro de blanqueo de capitales ahora es África, que también está siendo el escenario de las nuevas rutas de la droga.

«En todos los países europeos los fiscales dependen del Ejecutivo, pero no hay la misma desconfianza hacia ellos que en España; esa desconfianza es producto de nuestra historia, con una dictadura muy larga»