A. RUBIERA

Susana Iglesias es la «beneficiaria» de la última sentencia firmada esta semana por un juez de Gijón gracias a la cual se anula el contrato bancario que metió a esta gijonesa en un lío financiero del que pensó que no podría salir indemne. La firma de lo que creyó que era un seguro que la protegía contra las subidas del Euribor -«así me lo ofreció el representante de Bankinter», sostiene insistentemente- se convirtió en poco más de un año en un lastre muy pesado que le generó cerca de 14.000 euros de deuda con la entidad bancaria y la ha abocado a cuatro demandas.

Con el tiempo Susana Iglesias supo que con su firma había dado curso no a un seguro, sino a un contrato de gestión de riesgos financieros, un producto complejo, de carácter especulativo, de los que ahora se denominan popularmente «swap», y que el juez Sergio García García, titular del Juzgado de primera instancia n.º 11 de Gijón, reconoce como «de difícil comprensión para personas con una formación media y carentes de específicos conocimientos técnicos en materia financiera».

De ahí que el magistrado haya apreciado, como base de la anulación del citado contrato, que hubo «un error en la prestación del consentimiento» por parte de Susana Iglesias para hacerse con ese producto. Ese error, según el juez, no es imputable a la gijonesa, sino totalmente «excusable» puesto que, entre otras cosas, se le ofreció publicidad informativa «cuando menos equívoca y que en modo alguno contribuyó a otorgar claridad al producto contratado».

El juez, el segundo en Gijón que condena un tipo de prácticas bancarias que se popularizó mucho en los últimos años y que está generando un gran movimiento de afectados, no tuvo en cuenta la defensa realizada por Bankinter, que intentó hacer valer que Susana Iglesias era la representante de una empresa con amplia experiencia en el ramo de la construcción y, como consecuencia de ello, a la que se presuponía en el perfecto conocimiento y cualificación para dominar unos productos financieros como el aludido, «habituales en la dinámica empresarial». Para el magistrado, sin embargo, pesó mucho más el hecho de constatar que a la implicada no se le llegó a realizar un test de comprobación de sus conocimientos financieros, y que la dimensión personal de la empresa familiar, con seis empleados y un riesgo financiero general de 175.000 euros, no apuntaba a una gran empresa sino a una pyme.

En la sentencia también se refleja que el magistrado apreció como importante que Susana Iglesias ejerció de representante de una empresa familiar, pero su titulación académica es de FP de primer grado en la rama administrativa. La sentencia rechazó todos los argumentos de Bankinter para evitar la anulación del contrato financiero y por tanto recoge la condena en costas a la entidad bancaria.

«Estoy muy contenta porque, por fin, ya no soy esclava de un banco. Llevo más de un año dependiendo de sus acciones, angustiada por el dinero que me pedían, echándome la culpa en algunos momentos de haber sido tan tonta y teniendo que lidiar, en estos tiempos de crisis, con el handicap de que por esta historia Bankinter metió a la empresa en la lista bancaria de morosos. Aparte del atragantón que todo esto supone, me pusieron una demanda de embargo -que paralizó un juez mientras no se dilucidara este proceso- y me han hecho pasarlo muy mal», recuerda, aliviada ahora, Susana Iglesias.

Aún deberá enfrentarse más veces al banco, ya que también ha decidido reclamarles los 3.000 euros que se quedaron, tras el ingreso de un cliente, a cuenta de lo que supuestamente les debía por el contrato financiero. «He quedado muy escaldada y puedo decir que jamás voy a confiar en nadie que pueda obtener un beneficio económico de algo que me está ofreciendo, por mucho que me insistan como en esta ocasión de que era gratis. Ahora ya sé que no era un seguro que me gané por ser portavoz de una empresa que cumplía con los pagos, que nunca tenía descubiertos y que no daba problemas. Y nunca, jamás, voy a volver a firmar algo que no entienda», remarca Iglesias. Esta gijonesa no tiene palabras para agradecer el trabajo hecho por el abogado Marcelino Tamargo -el mismo que ya ha ganado otros juicios semejantes en Gijón- porque «aceptó este proceso cuando nadie quería enfrentarse a un banco, ni querían analizar estos productos tan farragosos y de difícil comprensión». También enfatiza su agradecimiento al foro www.noclip.es (de protesta contra estos productos) y a Xberni, creador del mismo. «Sin este foro nunca habría llegado tan adelante con esta historia», afirma.