M. CASTRO

Barcelonés de 53 años, Salvador Viada llegó a la fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo en 2006, tras pasar por el Tribunal de La Haya para los crímenes en la antigua Yugoslavia y por la Fiscalía Anticorrupción. El viernes ofreció una conferencia sobre el proceso penal español, en las jornadas sobre la independencia de los fiscales que se celebraron en Gijón.

-¿Qué problemas ve en el procedimiento penal español?

-El proceso penal español no es eficaz, como lo demuestra el hecho de que haya 1,2 millones de causas pendientes de tramitación. Tampoco persigue la igualdad de aplicación de la ley para todo el mundo, ni busca la protección de la víctima, ni persigue la recuperación de activos de las organizaciones delictivas. Además, no garantiza un proceso justo para los inculpados.

-Por partes, ¿por qué dice que no ofrece garantías?

-Porque el juez de instrucción está confrontado con el investigado, que busca su absolución y que no se averigüe la verdad, mientras que el juez de instrucción quiere saber la verdad. Y el juez de instrucción es la persona que toma por su propia iniciativa medidas que restringen los derechos del investigado. En los países de nuestro entorno los procesos penales sí ofrecen garantías, porque se basan en un fiscal que investiga, un acusado que se opone y un juez que arbitra. En España las garantías se aplican a posteriori, con la sentencia. Eso es lo que provoca que con mucha frecuencia en España haya absoluciones por delitos gravísimos debido a defectos procesales.

-¿Cree que nuestro proceso penal es obsoleto?

-Obsoleto y demencial. Prueba de ello es que sólo quedan dos países en Europa con este sistema inquisitivo mixto; con una instrucción a cargo de un juez que no es tal, porque no se dedica a resolver conflictos, sino a investigar por su propia iniciativa. En otros países la investigación corre a cargo de la Policía y la Fiscalía, y el juez es de garantías.

-¿Y el coste de cambiar el procedimiento?

-Pero es que este sistema, que se basa en una ley de 1882, funciona muy mal, lo que es lamentable para el ciudadano. Sin duda, cambiar el sistema sería un mayor coste durante cuatro o cinco años, como ha pasado en otros países. Pero en 10 o 15 años se tiene un sistema procesal moderno, eficaz y con más garantías, mucho mejor que el actual.

-¿Qué opina de la imparcialidad del fiscal?

-En este momento, como decía, hay 1,2 millones de causas pendientes en España y 11.000 presos preventivos esperando juicio. Se resuelven 6 millones de asuntos al año. Los casos en los que puede haber dudas sobre la imparcialidad del fiscal son muy pocos, aquéllos en los cuales haya un interés político o financiero. Ahí sí están justificadas las reticencias, que en otros países se han solucionado nombrando fiscales especiales, intocables, para esos asuntos. Ése es un tema que se puede estudiar, pero ¿por qué no dar una solución racional al resto? Invocar la falta de independencia del fiscal para negarse a un cambio en el modelo procesal es demagogia pura, es aferrarse a un sistema contrario al sentido común por intereses de poder de determinados sectores de la judicatura y de la abogacía.

-¿La lentitud de la justicia tiene algo que ver con todo esto?

-Nuestro sistema tiene una anomalía, que es que las pruebas conseguidas durante la instrucción pueden servir para condenar al acusado destruyendo la presunción de inocencia en el juicio. Como la instrucción es muy importante, el Supremo ha dicho que para que esas pruebas destruyan la presunción de inocencia es necesario que se practiquen con contradicción, lo que ocasiona que la fase de instrucción dure años, sobre todo cuando el asunto es complejo o hay muchas partes procesales, porque todas las pruebas se practican con la asistencia de todas las partes. Eso puede dilatar un proceso años y años; es de locos.

-Y mientras, seguimos con las dilaciones indebidas.

-Es otro problema. Un sumario puede tardar cinco u ocho años en llegar a juicio. En el Supremo tenemos muchos así. ¿Cómo se arregla? ¿Cambiando la ley o expedientando a juez? No. Se arregla aplicando a los inculpados una atenuante por el perjuicio sufrido porque la causa se ha dilatado demasiado.

-Si la situación es la que dice, ¿por qué cree que se mantiene el sistema?

-Porque hay intereses particulares. Las instrucciones en las que hay dinero son una mina para los despachos de abogados importantes: las causas económicas, de corrupción o de drogas, que pueden llevar mucho tiempo y que los obliga a estar personados permanentemente en el procedimiento por si acaso esas pruebas que se practican pueden servir luego de cargo en el juicio oral, son una mina para esos despachos y, por lo tanto, los colegios de abogados están conformes con el sistema. Y también lo están los jueces de instrucción.

-¿A qué se refiere?

-El juez de instrucción es el hombre más poderoso de España, porque no tiene límites. Es un poder incontrolado en el momento en que toma las decisiones. Sólo tiene que respetar los derechos fundamentales del inculpado, so pena de que se le anule la instrucción. Por lo demás, no tiene límites de contenido, de medios, ni de orden para plantear una investigación. Ni está limitado por lo que las partes pidan. Un investigador así no quiere dejarlo y los jueces de instrucción, que saben que esto es mucho poder, hacen una especie de fuerza a través de asociaciones profesionales y a través del PP, que está en relaciones muy estrechas con asociaciones de magistrados, y aquí no se mueve nada.

-¿Usted cuestiona el sistema procesal español por lento?

-Y por más. Le pongo un ejemplo: aquí, el juez de instrucción recibe una petición de la Policía y le pincha el teléfono a un sospechoso de traficar con drogas. Pasan tres meses y se descubre que es culpable. Se levanta el secreto del sumario y el juez lo mete en la cárcel. El acusado recurre, las audiencias provinciales esperan a que acabe la instrucción y llega el juicio. Y en el juicio se dan cuenta de que el pinchazo está autorizado de manera poco motivada, o sin hacer un seguimiento de las escuchas como debe hacerse, y te anula la prueba. Y como sólo hay esa prueba, el traficante queda absuelto porque han violado sus derechos fundamentales y los de todos los que han hablado con él.

-¿Eso pasa con frecuencia?

-Sí. En el último mes ha habido cuatro sentencias así del Tribunal Supremo, más las que se producen en toda España en las que absuelven directamente las audiencias. Esto es muy grave, porque quedan impunes delitos gravísimos, porque el sistema establece las garantías del proceso a posteriori, a través de recursos, ya que no las puede establecer antes debido a que el juez de instrucción es un investigador orientado a buscar la verdad. El sistema es de locos. En un sistema normal, el fiscal pediría el pinchazo a un juez de garantías, que no estaría comprometido con la instrucción, y el juez de garantías la negaría si no hubiera base para tomar esa medida. Un juez de garantías sólo tiene que supervisar que no se vulneran los derechos del inculpado, mientras que uno de instrucción a la vez es el árbitro y el que tiene que chutar el penalti.

-Precisamente una orden de intervención de comunicaciones a abogados de la defensa es una de las cuestiones por las que ahora se acusa al juez Garzón.

-Es un caso del que no debo hablar porque está en el Supremo.

-¿Qué le parece que la Audiencia Nacional llegara a abrir causas contra Pinochet, por los desaparecidos en la Argentina, por el genocidio del Tíbet y que no haya podido investigar lo que pasó en casa?

-La ley de Enjuiciamiento Criminal española crea un marco de investigación para el juez prácticamente ilimitado. Por eso llegan a España esas denuncias, porque aquí el juez de instrucción puede iniciar investigaciones en condiciones que no puede hacerse en otros lugares del mundo, en donde los fiscales organizan la acusación en función de los medios disponibles. El juez de instrucción no se preocupa de eso; en su Juzgado hace las investigaciones de la manera que quiere.

-Plantea cambiar la estructura del proceso. ¿Y la fiscalía?

-También requiere un retoque importante. Sobre todo por los pocos asuntos con trascendencia política, económica o de altas finanzas. En teoría, según la Constitución, el fiscal actúa de manera independiente, por medios propios y sin recibir órdenes de ningún tipo. Pero en la práctica no es así, o queda la sospecha de que no es así. Depende mucho del fiscal general del Estado. Esto hay que cambiarlo. Hay que conferir a la fiscalía un estatuto de independencia del Gobierno más acentuado que ahora.

-¿Qué opina de la creación de sistemas de mediación penal?

-Hay unos acuerdos de la Unión Europea que obligan a España a crear un instituto de mediación penal en el que un tercero, que no es ni el juez ni el fiscal y que puede ser un psicólogo, se encarga de poner en contacto a las víctimas y a los acusados, con el consentimiento de ambos, para lograr un acuerdo entre ellos. Eso es bueno para la víctima, porque le restituye la dignidad de alguna manera. Pero en España eso sólo funciona en la justicia de menores. La UE nos obliga a extenderlo y no lo hacemos, como estamos también obligados a incorporar en nuestro sistema, y no lo hacemos, las agencias de recuperación de activos.

-¿A qué se refiere?

-El móvil de la delincuencia organizada es el lucro. Por eso la UE ha decidido que se creen organismos en cada país, de naturaleza policial, fiscal y administrativa, dedicados exclusivamente a recuperar el dinero. Pero esto no se hace en España.

-¿Falta de presupuesto?

-Desidia. Esas agencias se nutren de los bienes que recuperan, ingresando el sobrante en el tesoro público. Es una manera de recaudar efectos del delito y desincentivarlo. Si nosotros, los españoles, no lo hacemos, cuando lo están haciendo otros países, las mafias internacionales vendrán aquí. Ya está pasando. También con otras cuestiones. Por ejemplo, las penas por tráfico de hachís son más altas en Francia que en España, con lo que los alijos que van a Francia se desembarcan en Gerona.

-Si a este panorama añadimos la politización de la justicia...

-Está politizada en los puestos clave y eso es una tragedia. Pero la mayor parte de la justicia, en España, no está politizada.

«España está obligada a crear un instituto de mediación penal, en el que un psicólogo busque acuerdos entre víctima y acusado»

«El sistema que tenemos propicia que en España queden impunes delitos gravísimos»