A patadas con el catálogo

HÉCTOR BLANCO
HISTORIADOR Y DIPLOMADO EN CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES Dos años y medio de trabajo se han invertido ya en la revisión del Catálogo Urbanístico de Gijón, tiempo consumido por las tareas encaminadas a su actualización más dos periodos de información pública, de hecho el segundo plazo de alegaciones finalizó el pasado día 16 de junio, y aún falta responder las alegaciones presentadas y su aprobación definitiva, por lo que es probable que la culminación del proceso rebase los tres años de tramitación.

Pero tan importante esfuerzo, totalmente necesario tanto para adaptar el catálogo a la normativa vigente como para mejorar su contenido, puede sin embargo quedar en entredicho cuando este ni siquiera aún ha entrado en vigor. Y el motivo no es otro que las sonoras patadas que las administraciones municipal, autonómica y estatal están dando en el fondo y en la forma a las premisas básicas que justifican la existencia de dicho documento: la consideración de nuestro patrimonio arquitectónico singular como un bien común y el necesario compromiso de su conservación. Y lo significativo es precisamente que las administraciones públicas son quienes deben garantizar el cumplimiento de las medidas de protección vigentes.

Desde hace unas semanas puede comprobarse en qué ha derivado la rehabilitación del antiguo edificio ocupado hasta 2009 por los servicios técnicos municipales de Urbanismo. Si desde la plaza Mayor aparentemente las novedades externas son pocas, desde la calle Recoletas y, sobre todo, desde la plaza del Marqués el efecto visual de la intervención resulta impactante.

Aunque la secular imagen que presentaba el frente lateral de esta plaza, en el que queda integrado el Palacio de Revillagigedo, ya había resultado notablemente dañada por el atroz recrecido de la actual sede del Colegio de Arquitectos, ahora su aspecto se desvirtúa definitivamente debido al inexplicable envoltorio de chapa de cobre aplicado en la cubierta y medianeras del inmueble municipal, haciendo que el edificio tome la apariencia de una nave industrial.

Escasa fortuna ha tenido el conjunto de la plaza Mayor y su entorno en esta primera década del siglo y muy poca consideración ha mostrado el Ayuntamiento al respecto como promotor. Pese a ser uno de los espacios urbanos más relevantes de la ciudad y a estar protegido doblemente, ya que esta zona también está afectada por el Plan Especial de Cimadevilla, las sucesivas modernizaciones que han afectado a los inmuebles de titularidad municipal integrados en la misma (Ayuntamiento, antiguo Hotel Madrid, antigua sede de Urbanismo y Pescadería Municipal) han traído aparejados unos resultados demoledores.

Si en la segunda década de los noventa la reforma de la Pescadería conllevó la alteración de sus accesos, incluyendo el derribo de la escalinata del pórtico principal, y la supresión del diseño original de la carpintería de sus vanos, poco después le llegó el turno a la sede del Municipio que incluyó la aún más incomprensible aplicación de espejos en sus ventanas. Luego siguió la reforma del antiguo Hotel Madrid, inmueble en el que no sólo no se recuperó la configuración original de las fachadas de su planta baja como marcaba el catálogo, sino que además se consolidó un recrecido efectuado en la gloriosa década de 1970, eso sí, forrándolo con más espejos. Y ahora viene esta última reforma, en la que el gusto por los reflejos especulares se ha sustituido por el recubrimiento con chapa de cobre de su exterior, lo que ya no sólo va contra las directrices marcadas para esta zona en cuanto al mantenimiento de materiales y acabados tradicionales (uso de teja en cubiertas y enfoscados pintados en muros) sino que además debe de haber salido por un buen pico teniendo en cuenta a como se cotiza el kilogramo del citado metal.

Lo peculiar de este proceso es que el único inmueble que se ha rehabilitado conforme a las normas vigentes y que muestra el aspecto con que deberían contar los dos últimos citados es el de La Botica, paradójicamente el único de promoción particular.

Estamos ante un problema grave si las administraciones públicas abogan no sólo por bordear las directrices urbanísticas en vigor sino por constituir un ejemplo nefasto de gestión que muestra al patrimonio arquitectónico como un engorro del que hay que librarse lo antes posible. Y en Gijón llevamos sufriendo durante estos últimos años, a este respecto, una serie de actuaciones que sólo cabe calificar como lamentables.

Porque al resultado de estas intervenciones auspiciadas por el Ayuntamiento, cabe sumar lo promovido por el Principado, con el derribo de los edificios de la Cátedra Jovellanos y de la Escuela de Peritos, más las iniciativas del Estado, traducidas en la demolición de las antiguas sedes de la Aduana y de la Tesorería de la Seguridad Social, operaciones que han supuesto no sólo un importante detrimento para el patrimonio arquitectónico de Gijón sino que además han constituido en su conjunto un monumental despilfarro. Y aquí, a la vez, pierde la ciudad y pagamos todos los ciudadanos.

De hecho estas intervenciones cuestionan no sólo el sentido del propio del catálogo sino que además dan a entender que la importancia y el esfuerzo que conlleva su revisión es probable que sirva en la práctica de muy poco si al final su estricta observancia o su aplicación indulgente va a depender de quien sea el promotor de la obra.