La operación fue denunciada hace meses ante la Fiscalía para su investigación

J. L. A.
La operación para extraer de la bahía gijonesa 24 millones de metros cúbicos de arena, cantidad que supera en unos 8 millones de metros cúbicos la suma de las cantidades dragadas desde 1990 en toda la costa española sujeta a las normas de protección previstas por el Convenio OSPAR (áreas atlánticas españolas, incluidas las de Canarias), está pendiente de una denuncia interpuesta por el vecino gijonés Marcelino Laruelo Roa ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

Laruelo Roa ha aportado nueva documentación para que el fiscal verifique «si hay «algún tipo de relación ilícita entre los técnicos superiores de la entidad promotora y el organismo encargado de formular la declaración de impacto ambiental durante su tramitación».

El denunciante cita en su favor varias consideraciones del Defensor del Pueblo sobre los «defectos encontrados» en el sistema utilizado en España para las evaluaciones ambientales, que «siguen no pocas veces graves defectos pese a la primera apariencia de legalidad». También ha denunciado ante la Fiscalía lo que considera «una negativa del presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón a permitirme el acceso a los expedientes relacionados con la mencionada extracción».

Los dragados de arena en la costa española son polémicos desde hace años. Tal y como publicó este diario el pasado 6 de abril, el 11 de agosto de 2005, quince meses antes de que se formulase la declaración de impacto ambiental para los dragados en la bahía gijonesa, el entonces director general de Costas en el Ministerio de Cristina Narbona, José Fernández Pérez, hizo clara advertencia de la ilegalidad de extraer arena para obras de construcción, caso de la ampliación de El Musel.

En el escrito de Fernández Pérez se recuerda que el artículo 63 de la ley de Costas recoge expresamente la prohibición de los dragados para la obtención de arena, salvo que esos materiales tengan como destino la creación y la regeneración de las playas, una formulación que repite el artículo 124 del reglamento de Costas.

Tal y como recogió este periódico en su edición del pasado 31 de mayo, todos los grupos con representación parlamentaria en la Casa de Juntas de Vizcaya, incluidos el PSOE y el PP, unieron sus votos para pedir a la Autoridad Portuaria de Bilbao que paralice «de forma inmediata» las extracciones de 10 millones de metros cúbicos de arena, 14 menos de los previstos y aprobados para la bahía gijonesa, en la playa de La Arena. Como en el caso de Gijón, esos áridos se destinan para una obra portuaria: la ampliación de la dársena de Bilbao. Los grupos políticos han hecho esa petición ante el temor de ver convertido el arenal de Abanto en un pedregal.