- 23 de abril: La fiscalía de Gijón recibe una denuncia de Manuel Pecharromán, concejal del PP, sobre un posible delito contra el patrimonio histórico, tras el hallazgo de más de 330 cajas con material de las excavaciones arqueológicas de la Campa Torres en un almacén, oculto tras un armario, en un búnker de la Campa. Ese mismo día se abrieron diligencias de investigación.
- 26 de abril: Gijón remite las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
- 19 de mayo: La fiscalía remite un oficio al Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura solicitando un informe exhaustivo sobre los hechos denunciados.
- 7 de junio: Cultura envía el informe solicitado.
- 9 de junio: Pecharromán comparece ante la fiscalía y aporta una fotocopia de parte de un informe que la firma MS Arqueo realizó por encargo del Ayuntamiento de Gijón, para evaluar el estado del material encontrado.
- 19 de julio: El fiscal instructor, Joaquín de la Riva, y el fiscal superior, Gerardo Herrero, firman el decreto que comunica el archivo de las diligencias. En su consideración previa se establece que «los hechos denunciados revisten caracteres de un delito» pero recuerdan que la responsabilidad de dicho delito prescribe a los tres años. Ya que las excavaciones motivo de la polémica se desarrollaron entre los años 1977 y 2000, ya han transcurrido con exceso los tres años de la prescripción.