Eloy MÉNDEZ
La revisión del Plan General de Ordenación prevé destinar más de un millón y medio de metros cuadrados bajo la categoría de infraestructura básica a un equipamiento sin especificar en el entorno donde está previsto que se construya la futura incineradora de Cogersa, que ocupará parte de la parroquia de Serín. Eso desveló ayer el abogado de la Federación de Asociaciones de la Zona Rural «Les Caseríes», Antonio García, durante un encuentro con líderes vecinales para aprobar un documento consensuado con las alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO). Además, el letrado insistió una vez más en la necesidad de «explicar con exactitud» los criterios para delimitar un núcleo rural y negó que el gobierno local pueda prohibir el aprovechamiento urbanístico de esos núcleos.
«Dentro del apartado de suelos no urbanizables de infraestructuras, nos hemos encontrado con una subcategoría para lo que se denominan infraestructuras básicas. Esta categoría es la que se aplica a una gran extensión de terrenos ubicados en la zona donde se quiere levantar la incineradora. Estamos hablando de una superficie que, aproximadamente, es la mitad de la futura ZALIA y que estaría justificada por el almacenamiento de residuos previstos», aseguró durante su intervención García. Un dato que sorprendió a los representantes vecinales que se dieron cita en la sede de «Les Caseríes», y que precisamente el pasado fin de semana celebraron una jornada sobre los problemas derivados de la construcción de esta infraestructura en una zona poblada. En sus alegaciones, García ha incluido un apartado en el que lamenta que la futura construcción no apareciera en ninguna de las tres alternativas propuestas por el Consistorio para la revisión del PGO. «Al no introducirla, ha quedado al margen del debate ciudadano», señaló.
Durante el encuentro de ayer, también fue motivo de un intenso debate la situación de los núcleos rurales ubicados en «áreas de desencajamiento en la desembocadura de cauces torrenciales», que deberán someterse a importantes cambios para potenciar la seguridad de personas y bienes en las zonas inundables en un plazo de dos años tras la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico. «No se especifica ninguna partida por parte de la Administración para corregir la situación en estos puntos conflictivos», dijo Antonio García, que confió en que este desembolso no «tenga que ser a cargo de particulares que, en su día, obtuvieron su licencia de construcción de acuerdo a todas las garantías legales». Estas áreas se encuentran, según el PGO, en las parroquias de Poago, Deva, Vega, Leorio y Serín. «Sin embargo, luego nos hemos dado cuenta de que si se tienen en cuenta los documentos cartográficos aportados, no son todas las que figuran y que todas las que figuran tampoco están», añadió el abogado de la Federación de la Zona Rural.
En otra de las alegaciones, «Les Caseríes» denunciará la falta de claridad que el documento urbanístico guarda con respecto a su origen. «Cuando interesa, el PGO viene a decir que es una revisión del plan aprobado en el año 1999, pero cuando no interesa dice que aún están vigentes aspectos aprobados en 2005, que es precisamente el plan que la justicia ha ordenado revisar», aclaró García, que también exigió en varias ocasiones al Ayuntamiento que «aclare qué se entiende por núcleo rural». «¿Cuáles son las condiciones para que una agrupación poblacional sea considerada núcleo rural?», se preguntó reiteradamente, antes de advertir de que los gestores municipales están obligado por ley a concretar estos requisitos. También aconsejó a los redactores del plan que especifiquen cuáles son las «áreas de poblamiento tradicional asturiano», una figura que no recoge el nuevo documento, pero que «aunque no es obligatoria, sí resulta de una tremenda eficacia».
