M. SUÁREZ

La zona rural no cuenta con alcanzar las 3.000 alegaciones presentadas en la última adaptación del planeamiento urbanístico gijonés, aunque sólo la parroquia de Vega ya ha generado unos 200 recursos. Entre ellos, el del Colectivo en Defensa del Medio Rural, que desbarata las cifras del Ayuntamiento sobre necesidad de vivienda con los mismos números y criterios que aparecen en la documentación oficial.

Según los representantes del Colectivo, implacable con las políticas urbanísticas del municipio, el nuevo Plan General de Ordenación ampara un crecimiento «que sigue la senda contraria a la sostenibilidad». En su opinión, este PGO provocará «un incremento del gasto energético», «la quiebra del comercio de proximidad» y «la reducción del patrimonio común que constituyen los espacios agrícolas periurbanos». Un modelo de ciudad «ajeno a la evolución urbanística europea» y a «la realidad de los hechos».

El gobierno local se ha inclinado por una fórmula intermedia entre las llamadas alternativas 1 y 2, asegurando una expansión residencial que daría respuesta a la necesidad de 21.000 viviendas detectada por el Ayuntamiento. Para el Colectivo en Defensa del Medio Rural se trata de un dato manipulado a conveniencia. Y, en sus alegaciones, hace de nuevo las cuentas. Manteniendo la situación urbanística de la ciudad tal como está -y decantándose, por tanto, por la denominada opción 0-, suman 24.900 hogares. La alternativa elegida por el equipo de gobierno «es de una arbitrariedad manifiesta y, por tanto, sancionada en derecho con la nulidad absoluta», concluye el Colectivo.

En sus 52 folios de alegaciones, reclama al Ayuntamiento que revise su Plan General de Ordenación, adaptándolo «a las necesidades reales de crecimiento y de vivienda». Es la primera de diez peticiones. El Colectivo en Defensa del Medio Rural también exige «una política efectiva en cuanto a la vivienda vacía para ponerla a disposición del mercado inmobiliario» y «una valoración de las propuestas de ordenación sobre el área industrial de Vega (en Mina La Camocha)».

Y sigue: «Que se proceda a una ordenación de los núcleos rurales y del suelo no urbanizable de Vega que respete la delimitación tradicional de los mismos» y a «la eliminación de la reserva de infraestructuras delimitada en la AS-248», que afecta a una docena de casas. El Colectivo también se muestra contrario al vial que conectará Granda con La Camocha por «innecesario» y por «transcurrir su trazado por elementos especialmente sensibles desde el punto de vista geológico». La situación del subsuelo de la parroquia merece una argumentación minuciosa, al considerar que el PGO no recoge el verdadero alcance del riesgo geológico que diversas instituciones atribuyen a la zona de Vega-La Camocha.