M. C.
El magistrado Fernando Ruiz Llorente, titular del Juzgado de lo social número uno de Gijón, criticó ayer la reforma laboral debido a que la misma mantiene la «inseguridad jurídica», al no definir claramente las causas de despido objetivo. Ruiz participó ayer junto a Jorge Rodríguez Vijante, responsable de la asesoría jurídica de Femetal, en una jornada que organizó la patronal asturiana del metal sobre la reforma del mercado de trabajo.
«La reforma laboral no ha dado ninguna seguridad jurídica, como tampoco la teníamos antes. Hay muchos elementos jurídicos indeterminados, en los que se habla de situación económica negativa, de mínima razonabilidad y cosas que nos van a dar problemas en la medida que tendremos que interpretarlo y serán luego los tribunales superiores de justicia los que vayan creando la doctrina de suplicación y al final el Tribunal Supremo el que se vaya pronunciando», señaló el magistrado.
El titular del Juzgado de lo social número uno añadió que espera que el Tribunal Supremo llegue a aclarar cuestiones como la mínima razonabilidad, cuando el término «razonabilidad, por de pronto, ni aparece en el diccionario de la Real Academia Española».
En cuanto a la flexibilización del despido objetivo, el juez opinó que «tenemos más o menos lo mismo» que antes, porque «la jurisprudencia ha evolucionado desde pedir el plan de viabilidad de la empresa que se pedía antes, unos requisitos muy fuertes al empresario para justificar un despido por causas objetivas. La jurisprudencia ha levantado mucho la mano, porque todos somos conscientes de lo que está pasando con la crisis económica y la reforma ha venido a consolidar la doctrina que se venía viendo en la jurisprudencia».
Fernando Ruiz también indicó que los efectos de la reforma no se notarán en los juzgados hasta dentro de ocho o diez meses, cuando empiecen a llegar pleitos por despidos objetivos conforme a la nueva legislación. Lo que sí se nota es la crisis, con más pleitos por despido y reclamaciones de dinero.
