M. S.

A la una de la tarde, Pedro Sanjurjo dio el primer dato: el Ayuntamiento llevaba registradas 1.255 alegaciones. Cuatro horas después, al cierre de las ventanillas de la Antigua Pescadería municipal, se habían presentado otros 181 recursos más.

Entre los que esperaron hasta el final se encontraba la Federación «Les Caseríes». Su escrito, avalado por la práctica totalidad de las asociaciones de vecinos de la zona rural, asegura que el PGO «incumple» el reglamento de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de Asturias (el ROTU), al no concretar los requisitos necesarios para que una agrupación poblacional pueda clasificarse como núcleo rural.

Es uno de los muchos peros que la zona rural gijonesa le pone al nuevo planeamiento urbanístico, en el que también detectan «errores», «falta de coherencia» y «carácter contradictorio tendente a llevar a cabo una reserva impropia de suelo». Además de llamar la atención sobre los suelos agropecuarios y aquellos afectados por infraestructuras o corredores fluviales, «Les Caseríes» reclama que actuaciones como la regasificadora de El Musel o la incineradora de Serín integren el PGO, para que «no se hurte a los ciudadanos la oportunidad de debatir sobre ellas en el ámbito del Plan General».