J. L. ARGÜELLEs

La Autoridad Portuaria de Gijón cumple el principio legal de autosuficiencia financiera y no es la excepción en el sistema estatal, ni por el crédito de 215 millones que concedió el Ministerio de Fomento para hacer frente al sobrecoste de la ampliación de El Musel ni por las subvenciones a la autopista del mar. Es la tesis que defendió el jueves, en Madrid, el presidente de la principal dársena asturiana, Fernando Menéndez Rexach, donde rechazó que la terminal gijonesa sea una singularidad que vulnera la ley de Puertos del Estado.

Rexach exigió explicaciones al presidente de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), en el citado encuentro, al subrayar Adolfo Utor que los puertos españoles son autosuficientes, excepción hecha de El Musel, según explicaron participantes en el acto madrileño y recogió la publicación especializada «Diario del Puerto», que calificó de «rifirrafe» el desencuentro dialéctico entre ambos presidentes. El responsable de Anave, que pidió finalmente disculpas al de El Musel, justificó su acusación por la partida de 10 millones de euros, recogida en los Presupuestos Generales de 2011, con que el Gobierno de España subvencionará la autopista del mar entre Gijón y Nantes-Saint Nazaire, en la costa atlántica francesa.

El presidente de El Musel dejó claro que no es la Autoridad Portuaria la que recibe esa ayuda, sino la naviera que gestiona el servicio de la autopista del mar; en este caso, GLD Atlantique, compañía que gestiona en solitario la compañía del armador galo Louis Dreyfus después de que la italiana Grimaldi hizo público el mismo día de la inauguración de la autopista del mar, el pasado 8 de septiembre, que abandonaba el consorcio. Los gobiernos de España y Francia subvencionan con 30 millones la nueva conexión entre ambos países.

El Musel tampoco vulnera el principio de autosuficiencia financiera, por el que los puertos deben pagar sus obras y proyectos. La Autoridad Portuaria debe hacer frente con su propio dinero y con fondos comunitarios a los 715,6 millones (sin IVA) en que se presupuestó la obra. La Comisión Europea ha comprometido 247,5 millones para la expansión portuaria asturiana. El Puerto se ve obligado a asumir los 468,1 millones restantes mediante el recurso de la deuda. Tiene que devolver 250 millones al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 215 al Ministerio de Fomento.