La Audiencia Nacional obliga a someter el gasoducto de El Musel a evaluación de impacto

Al Principado de Asturias se le complica su política energética por todos los frentes. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de anular la resolución que la Secretaría de Estado de Cambio Climático aprobó el 14 de julio de 2008 permitiendo tramitar el gasoducto El Musel-Llanera sin someterlo a una evaluación de impacto ambiental. Esta sentencia, contra la que ya sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, obliga a las autoridades a revisar todo el procedimiento.

A este fallo judicial se llega después de que la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVAL) denunciase que «el trazado del gasoducto afecta de forma apreciable a varias manchas de hábitats protegidas». Su contencioso también pone de manifiesto que «las medidas preventivas y correctoras que se proponen para limitar las afecciones ambientales son inexistentes». A lo que se añade: «La resolución administrativa adolece de falta de motivación».

Con estos fundamentos como punto de partida, AVAL decidió llevar a los tribunales al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Pesca, del que depende la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Enagás S. A., que ya tenía solicitada la concesión administrativa para la construcción y explotación del tramo portuario del gasoducto, aparece como codemandado en el expediente. Esta misma empresa ya es adjudicataria de la regasificadora de El Musel, una de las claves de los proyectos anunciados en su día por el Principado de Asturias para hacer del «superpuerto» gijonés un polo energético de atracción regional.

«Un fiasco monumental», opinan los vecinos, que interpretan la sentencia de la Audiencia Nacional como «una pequeña gran victoria». Esperan más, ya que AVAL tiene en marcha otros diez contenciosos que afectan a la estrategia defendida por el Gobierno del Principado en materia de energía. Estrategia que, desde el punto de vista vecinal, «está formada por un rosario de infraestructuras innecesarias» contra las que, a su medida, ellos han emprendido su particular batalla. Esta lucha legal está respaldada también por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y por la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA). El asesoramiento necesario lo pone el abogado Luis Álvarez Fernández.

Por lo pronto, este colectivo ha conseguido que la Audiencia Nacional ordene la evaluación ambiental del gasoducto, desoyendo al abogado del Estado que representa al Ministerio. Según sus argumentos, no es imperativo legal que determinadas actuaciones se sometan a este trámite «cuando el órgano medioambiental así lo acuerde de forma motivada». En este caso, sin embargo, «la evaluación de impacto constituye el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales», dictamina la Audiencia.

De la documentación examinada «se desprende que en el proyecto concurren varios factores de riesgo» -explica la sentencia- y que «la empresa promotora ha realizado un primer análisis de alternativas, pero estrictamente interno». Es decir, «excluido del proceso participativo». Esta observación coincide plenamente con lo denunciado por los vecinos. «Somos la única comunidad autónoma en la que el plan energético se hace de espaldas a los ciudadanos», inciden María José Rodríguez, Carmen Suárez y Domingo Goñi, portavoces de AVAL, Vega y ACA, respectivamente.