M. S.
El gasoducto entre El Musel y Llanera precisa de una tubería de acero de 17,1 kilómetros de longitud y unos 762 milímetros de anchura. Su construcción está estrechamente vinculada a la regasificadora, que Enagás está cimentando sobre la zona de ampliación del puerto de El Musel, ya que se plantea como imprescindible para «mallar» el sistema. «De algún modo tienen que justificar esa ampliación portuaria», sospechan los representantes del movimiento vecinal que se ha levantado contra «esta burbuja energética». Si han decidido judicializar el asunto es porque «está muy solapado, pero tendrá repercusiones en el ciudadano», advierten. O lo que es lo mismo: «Acabaremos pagando todas estas infraestructuras en la factura de la luz y del agua». Aunque, a corto plazo, «lo que no admite opiniones es que han incumplido el procedimiento administrativo; ni eso han sabido hacer bien».
Entre las advertencias lanzadas por los colectivos vecinales está el hecho de que el trazado del gasoducto afectará a varias manchas de hábitat de interés comunitario y dos hábitats prioritarios en los cruces del gasoducto con el río Pinzales y el arroyo Remoría. La Audiencia Nacional, entre las reflexiones que recoge en la sentencia y en las que basa la necesidad de que el proyecto pase por una declaración de impacto, está el hecho de que «por sus características, concurren en él varios factores de riesgo como: un aumento del potencial riesgo medioambiental por la acumulación con otros proyectos (el gasoducto previsto discurre en paralelo a otro gasoducto existente); afecta a áreas de especial protección, y por la irreversibilidad del impacto en relación con la vegetación, el paso por recursos hídricos y la cercanía con una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Todo ello reforzaba, según la Audiencia, «la necesidad de realizar un análisis de alternativas más profundo».
