M. CASTRO

Garantizar la supervivencia del último astillero de la bahía de Gijón, fortalecer a Armón, cuyo astillero en Navia es «uno de los pocos pilares de la actividad económica en el Noroccidente» y satisfacer parcialmente a los acreedores de Factorías Juliana son los motivos que han llevado al titular del Juzgado de lo mercantil número uno de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes, a autorizar la venta de los activos de Factorías Juliana a Armón. El magistrado dictó ayer el auto que da vía libre a la operación y aprueba el plan de liquidación de Juliana presentado por los administradores concursales. La decisión del juez despeja el camino para reflotar la factoría de El Natahoyo. Armón tiene avanzadas las negociaciones para contratar los primeros buques que construirá en el otrora astillero público, explican fuentes próximas a la empresa.

Armón ha presentado la única oferta para adquirir los activos de Juliana, consistente en el pago de 16 millones de euros en cinco anualidades o 12,88 millones al contado. El juez no opta por una u otra alternativa, dejando la decisión a criterio de los administradores concursales, lo que dependerá de las condiciones que éstos puedan negociar con entidades financieras para el descuento bancario de los pagarés que entregaría Armón en el caso de que el pago se acordara en cinco anualidades. En cuanto la administración concursal comunique a Armón qué modalidad de pago elige, el grupo naviego tendrá que abonar un 15% del precio en el plazo de diez días y el resto antes de que transcurran otros dos meses.

Aunque la oferta de Armón es la única que se ha presentado por los activos de Factorías Juliana y la administración concursal ha informado favorablemente sobre la misma, el juez destaca en el auto que no está obligado a aceptarla, pudiendo dejar desierto el concurso. Si la autoriza se debe a su convicción de que la oferta es «conveniente» para el mantenimiento de la continuidad empresarial en el astillero gijonés y para la satisfacción de los acreedores.

El juez subraya la «necesidad perentoria que tiene nuestra comunidad de conservar tejido industrial, fundamentalmente en un sector como el naval», tanto por su efecto directo e indirecto sobre la actividad, destacando que a cada empleo directo que cree el astillero habrá que sumar otros cinco indirectos en la industria auxiliar, según estimaciones del Ayuntamiento, con lo que «se viene de esta forma a dar parcial e indirecta satisfacción a las empresas auxiliarles que figuran como acreedores en el concurso, objetivo asegurado con el compromiso» de Armón de subcontratar, una vez que reflote el astillero, a las empresas acreedoras de Juliana «a igualdad de condiciones de precio, calidad y plazo con otras concurrentes».

Además, el dinero que se ingrese por la venta «permitirá satisfacer» los gastos originados durante el concurso (más de 10 millones de euros, de los que 6 están pendientes de pago), los créditos privilegiados y «un porcentaje apreciable de los ordinarios, entre los que se encuentran dichas empresas auxiliares», agrega el magistrado.

También argumenta su decisión en la «seriedad» de Armón y en su asturianía, dado que «el origen territorial de una empresa (...) hace que en ocasiones primen factores emocionales sobre los puramente económicos o empresariales, de suerte que se eviten decisiones deslocalizadoras en busca de ventajas fiscales o de reducción de costes laborales, logrando así que reviertan a la sociedad gijonesa y asturiana parte de las inversiones realizadas por sus administraciones».

Buena parte de los 29 folios en los que el juez justifica la adjudicación de los activos de Factorías Juliana a Armón están dedicados a las cartas que le remitieron el pasado mes de noviembre el consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, el presidente de FADE, Severino García Vigón, y el secretario general de MCA-UGT de Asturias, Eduardo Donaire, en las que abogaban en favor de la oferta de Armón por el astillero de El Natahoyo. El juez hizo suyos estos argumentos en el auto judicial dictado con fecha de ayer.

Las cartas no se limitaban a pedir la adjudicación a Armón, sino que daban explicaciones. «El peso estimable en la economía regional» de los astilleros y de su industria auxiliar, la solvencia de Armón, así como que el grupo naviego «constituye uno de los pocos pilares que sostienen la actividad económica del noroccidente de Asturias, por lo que todo aquello que pueda contribuir a dotarlo de mayor músculo industrial supone una mayor garantía de continuidad de la actividad económica y del empleo generado», fueron algunos de los argumentos que dio al juez Graciano Torre.

La misiva de la Alcaldesa destacaba que Factorías Juliana es la última de las empresas que un día ocuparon buena parte de la costa de Gijón y, «por tanto, su supervivencia tiene un gran valor simbólico en la ciudad», la relación entre empleo directo e indirecto, que «podría ser superior a cinco empleos en la industria auxiliar por cada trabajador del astillero», y que «el compromiso de una empresa asturiana del sector» para reflotar el astillero de El Natahoyo contribuirá a «generar carga de trabajo para buena parte de los acreedores de la concursada».

Severino García Vigón calificó de «prioritario defender la continuidad de la actividad de construcción naval en las instalaciones de Factorías Juliana por su efecto directo e indirecto sobre la actividad, el empleo y el tejido empresarial y por su potencial de internacionalización, desarrollo e innovación, generación de empleo de calidad e impulso a la productividad», mostrando el apoyo de FADE a la oferta de una empresa asturiana. Eduardo Donaire destacó el profundo arraigo del sector naval en Asturias y su peso en la economía regional y que Armón «es una empresa seria, solvente y experimentada».

El apoyo fue más allá de las palabras en algunos casos. Así, el Gobierno del Principado inyectó ocho millones de euros en Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) para avalar los barcos que contrate Armón en el astillero gijonés.

Graciano Torre se mostró ayer «satisfecho» tras conocer el auto del juez. Sobre su papel en la venta de los activos de Factorías Juliana a Armón, de cara a la reanudación de la actividad en el astillero de El Natahoyo, Torre señaló que «es mi trabajo ayudar a las empresas y que no caiga la actividad; eso no deja de ser parte del trabajo del Consejero», añadiendo que en este caso salió bien y en otros no se consigue.

El auto del juez señala que con la adjudicación a Armón se cumple el objetivo de «garantizar la continuidad de la industria naval en la bahía de Gijón, lo que no habría sido posible sin el clima de colaboración y entendimiento que ha presidido las relaciones con la Consejería de Industria, el Ayuntamiento de Gijón, Pymar y las organizaciones sindicales, lo que por esperado no debe dejar de subrayarse».