Miriam SUÁREZ

Para el sorteo de las 292 viviendas protegidas que el Principado entregó en Gijón la pasada semana se presentaron más de 3.000 candidatos. Para las dos siguientes promociones, sin embargo, no llegan a 300, y el plazo de formalización de solicitudes finaliza hoy a las siete de la tarde. Integran esta nueva oferta del Principado 144 viviendas del área residencial de Roces y los 104 «minipisos» de la Laboral, uno de los proyectos más singulares del Gobierno autonómico en materia de vivienda.

La convocatoria se hizo pública el pasado 1 de diciembre. Desde entonces, el lote de Roces ha recibido 204 peticiones y 117 la llamada Casa Joven de la Laboral, destinada a menores de 35 años. «Han tenido menos demanda, aunque se garantiza que todas van a ser entregadas desde un primer momento», constatan los responsables de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa), encargada de recoger y tramitar las solicitudes. Circunstancia que asocian con el hecho de que, en estas promociones, «se exige a los solicitantes unos ingresos mínimos, según la declaración de la renta de 2009, y eso ha impedido que mucha gente interesada pueda presentarse».

Tanto los pisos de Roces como los de la Universidad Laboral están promovidos por el Gobierno autonómico a través del organismo Vipasa. En ambos casos, se trata de vivienda de protección autonómica, que lleva consigo mayores exigencias económicas que la denominada vivienda de promoción pública. Aunque todas ellas se gestionan en régimen de arrendamiento.

Las del área residencial de Roces, donde también están situados los pisos que se entregaron la semana pasada, son viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero. Los precios de alquiler fijados por la Administración oscilan entre los 380 y los 490 euros, dependiendo del número de habitaciones.

En la Casa Joven de la Laboral se adjudicarán apartamentos de 44,96 a 32,44 metros cuadrados útiles. Esta residencia, donde se pagarán 196,32 euros al mes por las estancias más pequeñas y 271,81 por las de mayor tamaño, cuenta con espacios y servicios comunitarios. El proyecto se ha llevado a cabo para dar respuesta, fundamentalmente, a las necesidades de alojamiento de los estudiantes.

Su ejecución materializa una iniciativa que el Gobierno regional empezó a anunciar a principios de 2007. Desde entonces, la polémica y los retrasos han ido de la mano de estos «minipisos». Tres altos cargos del Principado incluso han tenido que responder ante los tribunales por supuestas irregularidades en el proceso de contratación de las obras. El asunto todavía está pendiente de resolución judicial.