R. V.

La investigación de los contratos de las entidades municipales con Almacenes Pumarín e Igrafo, las empresas cuyos propietarios están en libertad bajo fianza dentro del proceso de investigación de la «operación Marea» contra la corrupción, ha llevado al edil popular Francisco Rodríguez Cubiella a bucear entre las facturas de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), que preside la concejala socialista Dulce Gallego.

«Sólo me han dejado ver desde 2004, pero ya he encontrado algunas perlas», sentenciaba ayer el edil popular antes de hacer públicas tres facturas de Igrafo por otras tantas sillas de trabajo. La factura de mayor cuantía económica se corresponde con una silla de clase ejecutiva, tapizada en piel y con reposabrazos adquirida en noviembre de 2009 por 1.143 euros. De un año después es la compra de una silla por 920 euros y a junio de 2004 se corresponde la compra de otra silla por valor de 746 euros.

«Las fechas, sobre todo las dos primeras, son muy importantes. En plena crisis, con miles y miles de gijoneses en paro, Dulce Gallego hace esas compras y se gasta ese dinero. Un dinero que es de todos los gijoneses, los que tienen trabajo y los que están en paro; los que tienen que ir a comer a la Cocina Económica y los que tienen mil euros para una silla», indicaba el concejal popular.

Rodríguez Cubiella ha exigido a la presidencia de Emulsa que le facilite también los expedientes de contratación de material y mobiliario de oficina que se gestionaron entre 2002 y 2004, ya que en ese período es cuando se equipó la actual sede social de la empresa en Roces. El edil del PP tiene especial interés en ver los desgloses de dos contratos de mayo de 2003 -uno de 62.037 y otro de 84.435 euros- de los que tiene constancia por informaciones previas de otros consejeros del PP en Emulsa. La cuenta más alta se corresponde también con una compra a Igrafo.

«Soy consciente de que, tras todo lo que acabo de decir, Dulce Gallego tiene dos caminos a seguir. Callarse por la vergüenza y el bochorno de la actuación de quien se dice socialista o cesarme en el consejo de administración como hizo con mi compañero Eduardo Junquera en la Empresa de Aguas. Si escoge la segunda opción, que sepa ya que me marcharé encantado porque significa que defendí los intereses de todos los gijoneses», explicó el edil popular al final de su intervención pública ante los medios de comunicación. El PP ya denunció en 2009 el pago de 1.442 euros por una silla en el Jardín Botánico. El gobierno justificó que esa factura, que era de Igrafo, correspondía a nueve sillas.