La plataforma laica de nuestro país pedía en días pasados que el Estado español retire toda ayuda económica a la Iglesia católica y que suprima la financiación a través del impuesto voluntario en la declaración a Hacienda. Me parece muy bien la petición de que la Iglesia se financie a través de los católicos, aunque me parece que habría que utilizar el mismo rasero para partidos políticos, sindicatos etcétera. En Italia han seguido un camino que me parece muy adecuado y está resultando positivo.
El arzobispo de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana decía el pasado martes que el sistema de apoyo económico de la Iglesia católica debe fundamentarse en dos pilares: «corresponsabilidad», que fomenta el sentido de pertenencia a la Iglesia «como casa y escuela de comunión», y la «transparencia», que es una «condición indispensable y necesaria».
Antes del acuerdo entre el Estado italiano y la Iglesia católica firmado en 1984, que revisaba el Concordato, las fuentes de financiación de la Iglesia eran las donaciones libres (y no deducibles) de los fieles, además de la financiación directa del Estado a través del pago de los sueldos a algunos sacerdotes (como los capellanes de los hospitales y los profesores de Religión), además de un adecuado salario para los obispos, párrocos y canónigos.
Una ley de 1985 abolió estos pagos salariales, mientras que la financiación directa del Estado cesó para siempre en 1989. Por este motivo, la Conferencia de los Obispos creó el Servicio para la Promoción del Apoyo Económico, una estructura de apoyo operativo y ejecutivo para las diócesis.
Veintisiete años después de la reforma del Concordato, que innegablemente marcó las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado italiano, el nuevo sistema de apoyo financiero refleja la idea concreta del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, que se basa en el mensaje evangélico y que es fiel a las enseñanzas de dicho Concilio: «El principio de la Iglesia como misterio de comunión».
El cardenal Bagnasco decía que la corresponsabilidad debería convertirse en la manera en que todos los fieles, laicos, personas consagradas y sacerdotes se sienten miembros de la propia comunidad y para ello toman parte activamente poniendo su propia contribución en su construcción, poniendo a la disposición de la Iglesia sus bienes, en base a la propia disponibilidad.
El cardenal hizo hincapié en la necesidad de transparencia: «Hoy más que nunca es necesaria una transparencia límpida en el uso del dinero, es una condición indispensable para la credibilidad general de la Iglesia y para la fructífera realización de su misión en el mundo».
Cuando se habla de transparencia no se pretende tanto subrayar la honestidad y la corrección, que se dan por descontadas en el interior de la Iglesia, sino de una gestión lineal y totalmente verificable de los bienes, recordando que la dimensión económica está entre las más delicadas e influenciables del vivir y sentir de los hombres.
El éxito de estos medios concretos de ayuda económica a la Iglesia depende de un modo vital de la efectiva transparencia de la gestión de los recursos que se reciben en donación.
La transparencia en el obrar está sólidamente vinculada a la fidelidad de la Iglesia a su naturaleza y a su identidad, a la vocación recibida y a la misión evangelizadora.
No me gustan de Italia su política berlusconiana ni su fútbol ultradefensivo, pero en lo que se refiere a la relación Iglesia-Estado en el tema de la financiación me parece muy adecuada.
